José Antonio Primo de Rivera. Por José María Nieto Vigil

Pocas figuras políticas han sido tan ensalzadas y aclamadas, homenajeadas y celebradas, pero de igual manera, tan sometidas a furibundos ataques y desprecio por parte de la izquierda, como es José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, asesinado en la Prisión Provincial de Alicante el 20 de noviembre de 1936. Más allá de cualquier valoración política, una víctima represaliada reconocida por la, mala llamada Ley de la Memoria Histórica, profundamente desmemoriada y selectiva, y más aún, por la nueva versión, la Ley de la Memoria Democrática, profundamente sectaria e imperativa. Es decir, una ley que pretende hacer un nuevo relato histórico, de manera unívoca, que adolece del respeto a la verdad.

En aquella fría, húmeda y desapacible madrugada, un piquete de ejecución, integrado por anarquistas y comunistas –catorce milicianos para ser exactos- fusiló en el paredón del patio número cinco, el de la enfermería, al Jefe Nacional de la Falange. Junto a él, eran represaliados otros cuatro camaradas, dos falangistas y dos requetés, conocidos como los “mártires de Novelda”. Por cierto, los dos miembros de Falange, Ezequiel Mira Iñesta y Luis Segura Baus, tienen un proceso abierto por la Iglesia Católica para ser declarados mártires oficialmente.

Las horas previas a la ejecución fueron tensas, emotivas, dramáticas, si bien es cierto que ya no cabía esperanza alguna de conmutación de condena y perdón. A la prisión había llegado un pelotón de milicianos encolerizados, deseosos de poner fin a la vida del líder de Falange. Las horas vividas fueron de caos y desgobierno, ya que el deseo de venganza empujaba a los criminales asesinos a cumplir con su execrable misión. La sentencia dictada por el Tribunal Popular que había instruido la causa, había recibido y firmado el enterado, un documento por el cual se daba el visto bueno por parte del Consejo de Ministros de la II República Española. En última instancia, sería Francisco Largo Caballero, como presidente del gabinete, quién no quiso hacer nada por impedirlo. Este hecho, de capital importancia para el devenir de los acontecimientos que seguirían, tuvo por tanto muchos protagonistas, pero sólo uno pudo haberlo impedido, Largo Caballero, a la sazón, ilustre dirigente del Partido Socialista Obrero Español y de su sindicato sostén, la Unión General de Trabajadores.

En tiempos de profunda ignorancia de la historia de España en general, cuando la ética del pensamiento único impone su dictadura, la verdad es que hubo una víctima, José Antonio, y un culpable, Largo Caballero. Dentro del bando republicano, algunos condenarían la brutalidad del acontecimiento, entre ellos Manuel Azaña Díaz, presidente de la Segunda República Española (mayo de 1936-marzo de 1939) e Indalecio Prieto Turero, entonces ministro de Marina y Aire (septiembre de 1936-mayo de 1937). Ambos eran muy conscientes de la barbaridad perpetrada y de la gravedad y notoria repercusión que tendría.

José Antonio fue trasladado, desde la Cárcel Modelo de Madrid, a Alicante en la madrugada del cinco de junio, por temor a que se pudiera escapar de aquella. Así pues, desde el seis de junio permanecería preso, junto a su hermano Miguel y otros falangistas encarcelados, en su última morada, pero no su último lugar de descanso. Cuatro han sido sus lugares de enterramiento y cinco sus exhumaciones. Después de su ejecución, sus restos fueron arrojados a una fosa común del cementerio municipal de la Florida Alta, en Alicante; posteriormente, durante plena Guerra Civil, serían depositados en el nicho número 515 del cementerio de Nuestra Señora de los Remedios, también en Alicante; finalizada la contienda, un solemne cortejo fúnebre trasladaría su cuerpo a pie desde Alicante hasta la Basílica del Monasterio de El Escorial, para ser depositados ante su altar mayor; a continuación, el 31 de marzo de 1959, serían llevados, también a pie, hasta la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, para ser cubiertos, en el centro de la basílica, a los pies del altar, bajo una pesada losa de cuatrocientos kilos.

Ahora, nuevamente, el actual gobierno social-comunista de Pedro Sánchez, de nuevo y con claras connotaciones de persecución política, se plantea un nuevo traslado. Pero hay un notable inconveniente, José Antonio, según la legislación vigente, es una víctima represaliada por su condición política.

Sea como fuere, Primo de Rivera, fue un hombre excepcional, comprometido y leal a sus ideales, líder incuestionable de los falangistas, ferviente defensor de la memoria de su padre, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, un brillante pensador y preclaro orador, de hondas raíces cristianas, y sobresaliente letrado. Su figura es irrepetible, sencillamente excepcional, tanto desde el punto de vista histórico como desde la perspectiva política.

Aquella madrugada aciaga, un execrable acto de odio y de rencor puso fin a la vida del Jefe Nacional de Falange. El ensañamiento y la crueldad impía de sus ejecutores quedan constatados por el hecho de, que a tres metros de distancia, sin protocolo de ejecución, fueron acribillados cinco hombres, a capricho. Ochenta descargas fueron descerrajadas. Una autentica canecería que fue presenciada por un público congregado, testigo a la postre de las investigaciones efectuadas. Un triste e infausto asesinato que muchos quieren no recordar, ocultando sin disimulo la intencionalidad de su sectario proceder.

José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, de treinta y tres años de edad, ya había encomendado su alma a Dios, mediante confesión, al sacerdote José Planelles Marco, compañero de prisión que también sería represaliado con posterioridad. También, y esto no lo sabía, había perdido a su hermano Fernando, asesinado en la Cárcel Modelo de Madrid, el 22 de agosto de 1936. Otro capítulo más de las tropelías frentepopulistas que hoy se pretenden hacer olvidar. Memoria histórica sí, pero con todo.