Y perdimos vida, economía y calidad democrática

En este año de epidemia, parece que no solo no hemos aprendido nada, sino que ahondamos en la estulticia, pues seguimos sin protocolos claros de actuación, sin modelos jurídicos ad hoc y permitiendo la vulneración de los Derechos Fundamentales, no solo sin oposición, sino con el plácet de una sociedad adormecida y atemorizada por el virus.

         Vivimos en un estado de alarma ilegal e innecesario pues, si mientras estuvimos confinados en la primera fase se hubieren establecido modelos de acción y diseñado instrumentos legales, no resultaría de aplicación el estado de alarma, como si se hubiesen establecido programas de acción sanitaria no estaríamos en este “sin Dios” en el que nos encontramos.

         En estos días, hemos vivido dos episodios que el año pasado, antes de la epidemia, hubieren supuesto una reacción clara frente a ellos, por considerarlos una vulneración intolerable en los derechos individuales por parte de la policía. Uno se produce con una entrada en domicilio sin orden judicial y fracturando la puerta de entrada, y el otro por una agresión a una ciudadana por no llevar mascarilla.

         Hablaríamos de brutalidad policial, de invasión de los derechos fundamentales, de pérdida de calidad democrática, pues ambas acciones son reprochables y deberían de tener como resultado no sólo la sanción de los funcionarios concretos, sino la responsabilidad política oportuna; es decir, la reacción de control de la sociedad frente al abuso de poder dentro de un sistema democrático.

         Ahora, nos encontramos con una limitación de derechos en un estado de alarma desproporcionado, que se mantiene por la inacción política y la falta de formulación de los oportunos recursos judiciales; pero, es que, en los otros casos, se critica al letrado defensor, se persigue a los ciudadanos y se perjudican sus derechos, por miedo.

         Cada vez que se pide responsabilidad a los ciudadanos me indigno, pues el ciudadano bastante tiene con cumplir las normas sanitarias impuestas de forma esquizofrénica por una autoridad política que carece de criterio y que se oculta en “las contradicciones propias del virus”, cuando lo que pone de manifiesto es la falta de profesionalidad en los decisores que aplican esas normas al ciudadano, pero ellos incumplen sistemáticamente de la forma más impune y descarada.

         La responsabilidad es algo que debe de exigirse del dirigente, que debe de responder por su acción ante los ciudadanos, y no a la inversa como se pretende trasladar de forma permanente desde el poder, con el poder de los medios sometidos a este.

         El ciudadano incumplidor debe de ser sancionado y, tanto la sanción como su cumplimiento, deben de venir regulados por Ley, y no por el arbitrio de los políticos o de un funcionario público que, además, por más que así se ha reconocido impunemente, no pueden someter a vigilancia preventiva a los ciudadanos sin convertir el estado de Derecho en un Estado totalitario y de sin derecho.

         Nos han sometido a una primera fase de estado de alarma y encierro en los domicilios por no saber cómo actuar, lo que podía ser comprensible siempre que durante ese tiempo se hubieren desarrollado modelos de actuación posterior, pero no se hizo, como no se articularon alternativas al estado de alarma, ni se propusieron fórmulas de desescalada, ni se establecieron modelos de coordinación territorial, sino que se trasladó la responsabilidad a la autonomías y comenzó el lanzamiento de culpas entre políticos, que no se preocupaban de organizar modelos de acción, para criticar a aquellos que los desarrollaban.

         Hemos perdido un año en tres cosas: la primera, en no desarrollar modelos de actuación sanitaria, social y jurídica que permitan evitar contagios, la ruina económica y la falta de control y estructura democrática. La segunda, en coordinar las actuaciones de los distintos distritos sanitarios sin utilizar las medidas como proyectil contra el adversario político, sino como fórmulas responsables de acción en los ámbitos sanitario, social y jurídico. Y, finalmente, la tercera, en la reducción de la disputa política, del gasto político y la irresponsabilidad política, reduciendo la carga económica de los políticos a los ciudadanos en un porcentaje igual o superior a la caída económica del país, evitando movimientos políticos que puedan generar zozobra al ciudadano y gasto innecesario que no podemos permitirnos, desarrollando modelos de protección directa de la economía.

Enrique de Santiago Herrero

Abogado. Máster en Ciencia Política. Diploma de estudios avanzados en Derecho Civil Patrimonial. Derecho penal de la empresa. Colaborador y articulista en diversos medios de comunicación escrita, radio y televisión.

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