VOX propone una reforma que permita ilegalizar a las fuerzas separatistas

  • Preguntado en rueda de prensa por el PIN Parental, el presidente de VOX, Santiago Abascal, ha denunciado que algunos de los contenidos que se pretende enseñar a los niños rozan la corrupción de menores y que por eso su formación defenderá el derecho de los padres a elegir la formación de sus hijos en determinados asuntos. 

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha presentado este lunes la propuesta de su partido para modificar la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio de partidos políticos

Un texto que, según ha explicado Santiago Abascal, responde a la progresiva degradación de los partidos políticos y de sus funciones a la que asistimos en los últimos tiempos, porque “ciertos partidos atentan directamente contra la unidad de España y el propio fundamento de la Constitución”.  “Partidos que expresan en sus estatutos su voluntad de romper España y el orden constitucional y partidos que han incitado a la violencia, la desobediencia a los tribunales y las leyes y que han propiciado ataques”.

Se ha referido también Abascal a las formaciones que han justificado el terrorismo de ETA y a los diputados que en lugar de acatar la Constitución se han conjurado contra ella y a los que, a pesar de eso, se les ha concedido el acta de diputados. “Nosotros proponemos límites claros para que los partidos sean herramientas de participación política y expresión del pluralismo político pero no un peligro para la unidad de España y la convivencia entre españoles”, ha explicado.  

Así, el texto presentado por VOX reclama la ilegalización de las “formaciones que se nieguen a incluir en sus estatutos el acatamiento de la Constitución, que atenten contra la unidad de la nación o que atenten contra las libertades y los derechos fundamentales justificando la violencia o apoyando a organizaciones terroristas o vinculadas a la destrucción de la unidad nacional”. 

Preguntado por los periodistas sobre el Pin Parental, Santiago Abascal ha recordado que si bien es evidente que los hijos no son de los padres, “tampoco son del Estado, ni de PSOE ni de Podemos”. “Lo que VOX defiende es que la patria potestad sobre los hijos la tienen los padres; la responsabilidad la tienen los padres y el derecho a elegir la educación de sus hijos la tienen los padres. Eso es lo que nosotros queremos defender”. 

Ya sobre la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el presidente de VOX ha subrayado que “no va a abrir ninguna negociación con el PSOE excluyendo al PP”. “Nosotros queremos una reforma del modelo, y no vamos a colaborar de ninguna manera con el PSOE que, junto con Podemos, ha alumbrado un gobierno ilegítimo”. Respecto a declaraciones anteriores sobre la disponibilidad de VOX para negociar la renovación del CGPJ, Santiago Abascal ha recordado que en el terreno teórico, la formación “está dispuesta a participar del actual sistema”, como ya hace con las subvenciones a los partidos políticos [que VOX lucha por eliminar], o en el sistema autonómico [que VOX quiere modificar] y, por tanto, si se abre un proceso de reforma del CGPJ VOX no se va a quedar al margen”. “Pero –ha añadido Santiago Abascal- no se va a abrir porque en el terreno práctico lo que hay es un gobierno con el que es imposible negociar nada”. 

A continuación, un extracto del texto registrado este lunes en el Congreso. 

  1. Exposición de motivos

(…) Desde hace varios años hay en España partidos políticos que actúan públicamente, incluso desde su posición en la Administración e instituciones – y acaso también clandestinamente – en pos de la secesión de territorios de la Nación, contra principios y normas constitucionales, que cabe considerar parte de lo que la doctrina llama “constitución material” – noción ampliamente recibida en la jurisprudencia constitucional comparada – algunos de ellos elementos de nuestra “constitución interna”, categoría intelectual netamente española que descuella en nuestra historia contemporánea. 

Esos propósitos secesionistas, en no pocas y gravísimas ocasiones con un avanzado grado de ejecución, son contrarios al artículo 1 de la Constitución, cuyo apartado 2 afirma que la soberanía nacional reside en el pueblo español – que el separatismo pretende fragmentar sin soporte constitucional alguno y en abierta violación de un postulado básico de la democracia- así como al artículo 2, que proclama que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española. 

No se trata solo de proclamaciones ideológicas sino también de actuaciones reiteradas y sistemáticas que ya han merecido la más severas sanciones de la jurisdicción nacional, constitucional y ordinaria. (…)

(…) del mismo modo que en la Sentencia Herri Batasuna y Batasuna el Tribunal europeo de derechos humanos hizo suya la motivación del Tribunal Constitucional acerca de que la ilegalización de partidos políticos no persigue ideas sino actividades contrarias a los principios democráticos o los derechos fundamentales (…) existen sobrados elementos de hecho que evidencian la actividad de partidos secesionistas contraria a las reglas de la sociedad democrática – como lo es el recurso constante a medios ilegales y antidemocráticos – y a los derechos y libertades de los españoles en cuanto titulares de la soberanía nacional, que legitiman la adopción de  medidas necesarias en una sociedad democrática – cual es la ilegalización de tales partidos – en orden a garantizar la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, y la protección de los derechos y libertades ajenos. (…)

(…) El ataque al orden constitucional de 1978 por los medios expresados, incluidos los constitutivos de ilícito penal, es tan radical que su fin es la destrucción de la Nación española como unidad indisoluble. (…)

(…) Así las cosas, el poder legislativo no puede hoy abstenerse de intervenir, lo que sería tanto como hacer dejación de su alta función en una situación crítica, sin procurar al poder judicial – que se viene pronunciado reiteradamente contra las actuaciones secesionistas de partidos políticos – medios normativos suficientes para el enjuiciamiento de legalidad de tales partidos, con arreglo a la jurisprudencia constitucional, cuando su actividad es contraria a soberanía nacional y a la indisoluble unidad de la Nación española. (…)

(…) Por ello, la presente reforma de la vigente ley orgánica de partidos políticos se ordena a que los partidos políticos secesionistas puedan ser ilegalizados por el procedimiento judicial de disolución previsto en dicha ley, que lo introdujo, como su principal novedad en esta materia. (…)

  1. Proposición de Ley

-Artículo primero. Modificación del artículo 9.1.

Su redacción será la siguiente:

Los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades. Deberán respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. Desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la Nación española. 

-Artículo segundo. Modificación del artículo 9.2, inciso inicial.

Su redacción será la siguiente:

Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, así como cuando persiga deteriorar o destruir la soberanía nacional o la indisoluble unidad de la Nación española, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave. 

-Artículo tercero. Modificación del artículo 9.2, letra a).

Su redacción será la siguiente:

Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual, o por su defensa de la soberanía nacional o de la indisoluble unidad de la Nación española.

-Artículo cuarto. Artículo 9.2, letra d).

Su redacción será la siguiente:

Promover, justificar o exculpar el deterioro o destrucción de la soberanía nacional o de la indisoluble unidad de la Nación española.

-Artículo séptimo. Artículo 9.3, letra l).

Su redacción será la siguiente.

Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas que hayan promovido, justificado o exculpado o promuevan, justifiquen o exculpen el deterioro o destrucción de la soberanía nacional o de la indisoluble unidad de la Nación española, o mantener un amplio número de sus afiliados doble afiliación a organizaciones o entidades vinculadas a quien haya promovido, justificado o exculpado o promueva, justifique o exculpe el deterioro o destrucción de la soberanía nacional o de la indisoluble unidad de la Nación española, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión.

-Disposición adicional primera. Modificación del artículo 44, apartado 4 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general.

Su redacción será la siguiente:

No podrán presentar candidaturas las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido. A estos efectos, se tendrá en cuenta la similitud sustancial de sus estructuras, organización y funcionamiento de las personas que los componen, rigen, representan o administran las candidaturas, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia, el terrorismo, el deterioro o la destrucción de la soberanía nacional o de la indisoluble unidad de la Nación española, permitan considerar dicha continuidad o sucesión.»

Redacción

Digital de Información y Opinión de derecha

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