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VOX pregunta al Gobierno por el espionaje en colegios catalanes y por el empleo del castellano en la Cámara de Comercio de Barcelona

La formación insta al Ejecutivo a comprobar si es cierto que Plataforma per la Llengua ha vigilado el comportamiento de escolares por encargo del Gobierno de Cataluña. 

 

El diputado de VOX por Barcelona, Ignacio Garriga, ha presentado una batería de preguntas al Gobierno referidas a la situación del español en Cataluña, después de haber salido a la luz que la Plataforma per la Llengua presuntamente espió en 50 centros escolares de 35 municipios a alumnos y profesores para saber si usaban el catalán o el castellano en los recreos.  

“Es incomprensible que se persiga a los catalanes por hacer uso del castellano”, ha asegurado Ignacio Garriga. Por ello, en el escrito presentado en el Registro del Congreso de los Diputados se pregunta al Ejecutivo si llevará a cabo algún tipo de actuación para comprobar si es cierto que la Generalitat de Cataluña ha realizado este estudio con el objetivo de “espiar” el comportamiento lingüístico en los colegios. En tal caso, VOX también quiere conocer cuáles serán las sanciones que prevé aplicar tanto el Gobierno como el Ministerio de Educación a los responsables, por haber llevado a cabo dicha actividad sin el consentimiento de los padres. 

El diputado de VOX por Barcelona ha mostrado también su preocupación después de que el presidente de la Cámara oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Barcelona, Joan Canadell, anunciara que sólo utilizarían el catalán como lengua oficial en sus comunicaciones, vulnerando, de esta forma, los derechos de los españoles residentes en Cataluña. Máxime cuando este organismo público cuenta con subvenciones de hasta siete millones de euros. 

VOX quiere conocer cuáles son las medidas que implementará el Gobierno para garantizar que esta Cámara no prescindirá de la utilización de la lengua oficial del Estado: el castellano. Tanto es así que, en las preguntas planteadas, la formación también ha hecho un requerimiento al Gobierno para conocer si tiene contemplado que, en la adjudicación de subvenciones a organismos públicos, se recoja el obligado cumplimiento de emitir las comunicaciones tanto en la lengua cooficial como en castellano. 

Redacción

Digital de Información y Opinión de derecha

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