VOX lleva al Constitucional «la cacicada» de PSOE y Podemos contra el Poder Judicial
Un claro ataque a la independencia judicial que las propias asociaciones judiciales denuncian – “la califican de atrezzo, farsa y comparsa cuyo único objetivo es paralizar los nombramientos de los jueces”- que el Grupo Parlamentario VOX no está dispuesto a aceptar sin agotar todas las herramientas jurídicas a su alcance como, en este caso, supone la interposición del recurso.
“VOX defiende y defenderá con todos los medios a su alcance la independencia del Poder Judicial, porque está en nuestro ADN como partido. Hoy interponemos nuestro recurso número 16 ante el Tribunal Constitucional en 13 meses. Y sentimos como un auténtico privilegio estar soportando sobre nuestra espalda, en exclusiva, la enorme responsabilidad que supone en este momento histórico defender nuestro estado de Derecho. Porque está en jaque. Porque lo prometimos. Porque sabemos que lo que nos jugamos es España. Porque no vamos a defraudar la confianza de los españoles. No será el último recurso. Eso también podemos prometerlo”, ha explicado la secretaria general del Grupo Parlamentario VOX, Macarena Olona, este jueves, tras la
interposición del recurso.
La formación de Santiago Abascal ha registrado este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 4/2021 de modificación de la Ley 6/1985 del Poder Judicial par el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones. “Con ella el Poder Legislativo asume un papel constituyente que no le corresponde; no respeta la garantía establecida en la Constitución y hace que la recuperación de la plena funcionalidad del CGPJ depende en exclusiva del Poder Legislativo, al que queda totalmente sometido”.
El texto registrado este jueves -mismo día en que las asociaciones de jueces piden al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que culmine los nombramientos en marcha antes de que ley los detuviera- reclama la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica aprobada por la mayoría legislativa de los partidos de Gobierno y sus socios, al considerar, en primer lugar, que su tramitación no se ha producido conforme a la
legalidad, ya que “la misma mayoría política en el Gobierno decidió a conveniencia eludir la exigencia del previo dictamen del CGPJ, a través del medio fraudulento de utilizar al grupo parlamentario controlado por esa mayoría para presentar una proposición de ley”.
