VOX lleva al Constitucional el ‘truco’ con el que el Gobierno quiere blindar a Iglesias en el CNI
• Denuncia la inclusión por parte del Ejecutivo de una aspiración de poder personal en un Real Decreto redactado para hacer frente a la crisis del Covid.
• “La situación extraordinariamente grave creada por el coronavirus no permite al Gobierno actuar a su antojo. De esta crisis no se puede salir con una degradación institucional”, denuncia el GP VOX.
El pasado 25 de febrero el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la inclusión de Pablo Iglesias en la Comisión de Asuntos de Inteligencia vulnerando así, a juicio de VOX, la ley 11/2002 Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. Por este motivo, el partido presidido por Santiago Abascal interpuso un recurso en el Tribunal Supremo.
A la espera de la resolución de ese recurso (en el que se pedía la suspensión del nombramiento), y en plena crisis sanitaria por el coronavirus, el Ejecutivo de Sánchez aprovechaba la redacción, el pasado 17 de marzo, del Real Decreto 8/2020 de medidas económicas para el Covid19, para incluir una disposición final con la que se pretende blindar la presencia de Iglesias en el CNI ya que esta disposición trata de subsanar -asumiendo de forma implícita- el error cometido por el Gobierno en el nombramiento inicial.
¿Cómo? Cambiando, mediante esa disposición final, el enunciado de la citada ley 11/2002 que regula el Centro Nacional de Inteligencia. Si la redacción original de la ley reza de la siguiente manera: “La Comisión estará presidida por el Vicepresidente del Gobierno que designe su Presidente e integrada por los Ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía, así como por el Secretario general de la Presidencia, el Secretario de
Estado de Seguridad y el Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretario”, con la introducción de la disposición final en el real decreto del Covid, se modifica el artículo anterior para que rece: “La Comisión estará presidida por el Vicepresidente del Gobierno que designe su Presidente, e integrada por los Vicepresidentes designados por el Presidente del Gobierno, las Ministras de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa, el Ministro del Interior y la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como por el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Seguridad y la Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretaria”.
Cabe subrayar que los reales decretos aprobados por el Gobierno se sustentan en la “circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad” que supone la crisis del Covid pero que, en ningún caso justifican la inclusión de una cuestión ajena a la crisis sanitaria como es la presencia del líder de Podemos en la Comisión del CNI. Por ello, y consciente de que el Gobierno “ha aprovechado el decreto ley de medidas urgentes para blindar la presencia del vicepresidente segundo, en la comisión que controla los servicios secretos”, el Grupo Parlamentario VOX ha recurrido ante el Tribunal Constitucional esta disposición final segunda -y sólo esta disposición- para evitar que el Gobierno aproveche una circunstancia tan grave como la actual para blindar una aspiración personal de poder.
En el recurso presentado este jueves por los 52 diputados del GP VOX, se subraya que “la modificación de la disposición final carece de toda conexión con la grave crisis sanitaria, social y económica a que trata de hacer frente” el decreto. Además, se recuerda que una de las razones para la ruptura de las negociaciones entre Unidas Podemos y el PSOE en la fracasada investidura de 2016 fue la reivindicación de Iglesias de una Vicepresidencia con responsabilidad sobre el CNI.
El pacto entre Unidas Podemos y el PSOE que dio lugar a la investidura de Pedro Sánchez pasaba por que Pablo Iglesias “se convierta en miembro de pleno derecho de la comisión –se refiere a la CDG para Asuntos de Inteligencia- y no un mero invitado a algunas de sus reuniones, lo que obligará a modificar el decreto y añadir a la lista de miembros al vicepresidente segundo para Asuntos Sociales y Agenda 2030, pese a que
en su área de competencia no tiene relación alguna con la seguridad del Estado” (diario El País, 22 de febrero de 2020).
“La situación extraordinariamente grave creada por la rápida propagación del SARS-CoV- 2 no permite al Gobierno actuar a su antojo, vulnerando la Constitución. De esta crisis no se puede salir con una degradación institucional, sino que es a partir de la fortaleza de las instituciones como se logrará superar la grave situación en la que nos encontramos. Esta es precisamente la fuerza de las democracias. Y desde esta perspectiva resulta ciertamente intolerable que el Gobierno haya pretendido aprovechar el desconcierto y la preocupación generada por los estragos sociales y económicos causados por el COVID- 19 simplemente para colmar la aspiración de poder de uno de los miembros del Gobierno”, exponen desde VOX.
