VOX lleva al Constitucional el decreto de la Generalidad de Cataluña que expulsa al español de las aulas

El presidente de VOX, Santiago Abascal y el líder de la formación en Cataluña, Ignacio Garriga, han presentado este miércoles, acompañados del secretario general de VOX, Javier Ortega; de la vicesecretaria jurídica del partido, Marta Castro y del secretario general del GP VOX, José María Figaredo, un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que la Generalidad intenta, una vez más, abandonar el uso del castellano.

Una nueva norma con la que, como denuncia VOX, el Gobierno autonómico deja en poder de los centros educativos (y en última instancia del Departamento de Educación), el tratamiento de las lenguas en función de las “necesidades educativas y la diversidad cultural y lingüística” del alumnado, con supervisión y posterior validación del Gobierno catalán. En otras palabras, un Decreto-ley que no es más que un “escudo jurídico que el govern trata de ofrecer a los colegios para que así puedan incumplir con toda libertad la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que les obliga a ofrecer un mínimo del 25% de la enseñanza en español”. De hecho, hasta este mismo Tribunal presentó el pasado julio una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC contra esta nueva norma.

“Es una estratagema -señala la formación- con la que el Gobierno catalán pretende evitar que se lleven a efecto la sentencia y el auto del TSJC. Una vez más, el gobierno de la Generalidad permite que se sigan pisoteando los derechos y las libertades del conjunto de los catalanes expulsando el español de las aulas”.

Por eso VOX, que suma ya 40 recursos de inconstitucionalidad presentados por los 52 diputados del grupo parlamentario ante el Constitucional, recurre de nuevo a la justicia para evitar que se siga orillando y discriminando al español en Cataluña. “Intentan establecer la lengua catalana como la predominante dejando el español en asignaturas de menor trascendencia o incluso en asignaturas optativas”, señala el partido, que basa este recurso en tres fundamentos principales.

Fundamentos del recurso

En primer lugar, el uso, una vez más, inadecuado de la figura del Real Decreto “cuando no existe una extraordinaria y urgente necesidad». «Tratan de atender un problema estructural absolutamente previsible. Es absolutamente injustificado acudir a este excepcional instrumento legislativo», señala VOX. Sobre todo cuando, hasta el propio consejero de Educación reconoció que la única urgencia era la de intentar impedir que se ejecutara el fallo del TSJC.  Tanto es así que el pasado 10 de junio la formación interpuso una querella contra él por un presunto delito de desobediencia al no cumplir con lo dictado en la sentencia.

En segundo lugar porque el gobierno autonómico no puede dictar un decreto ley que afecte a los “derechos, deberes y libertades contemplados en el título I de la Constitución”. Y lo hace, precisamente, vulnerando en este caso el derecho a la educación. Tal y como señala la jurisprudencia, este derecho recogido en el artículo 23 no comprende el derecho de recibir la educación únicamente en una de las lenguas cooficiales existentes en la Comunidad, pero, sin embargo, sí comprende el derecho de los ciudadanos a conocer el español. «La declaración de normalidad en el uso de una lengua no puede nunca conllevar la primacía sobre otra en el territorio», señala una sentencia del TC recogida por VOX. “La cooficialidad ha de sujetarse a un patrón de equilibrio o igualdad entre las lenguas sin otorgarse prevalencia o preponderancia a una sobre otra”, recuerda el partido de Abascal.

Además, esta ley propuesta por la Generalidad “viola la delimitación de competencias que realizan la Constitución y los Estatutos de Autonomía”, dado que corresponde al Estado conseguir una formación común en un determinado nivel de todos les escolares de Enseñanza General Básica, sea cual sea la Comunidad a la que pertenezcan.

Y, por último, este Real Decreto-ley infringe además el artículo 24 de la Constitución que consagra el derecho a la ejecución de las sentencias y de las resoluciones judiciales. “El único objetivo de esta norma es intentar convertir en papel mojado el pronunciamiento del TSJC”, denuncia VOX.