VOX denuncia a Pablo Iglesias, la asesora de Podemos Dina Bousselham y su abogada, Marta Flor, y al Fiscal Ignacio Stampa

VOX ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias; la asesora de Podemos Dina Bousselham y la abogada de ésta, Marta Flor; y al Fiscal Ignacio Stampa por seis delitos: Denuncia falsa, Falso testimonio y Simulación de Delito, de los artículos 456 y 457 Código Penal, Estafa Procesal, del artículo 250.1.7º Código Penal, Tráfico de Influencias del artículo 428 Código Penal Y Revelación de Secretos, de los artículo 417 y 418 del Código Penal.

En su escrito, la formación explica que “no tiene acceso al procedimiento seguido ante la Audiencia Nacional, más allá de las noticias que han ido publicándose en medios”. Sin embargo, pone en valor la información sobre el procedimiento judicial “coincidente todos ellos” y “la falta de desmentido de los mismos”, lo que, explican los servicios Jurídicos de VOX, “hacen que se deban considerar como indicios sólidos, privilegiados y suficientes para el inicio de una investigación”.

El origen del procedimiento y causa de la denuncia, según explica la Vicesecretaria Nacional Jurídica Marta Castro, se encuentra en la denuncia de la asesora de Podemos del robo de su móvil. Sin embargo, “se están revelando hechos que ponen muy en entredicho la veracidad de la denuncia, al salir a la luz derivada de las contradicciones en las declaraciones de los implicados, y la investigación judicial que muestra que Pablo Iglesias tuvo en su poder una copia de la tarjeta de teléfono y su contenido”.

En el procedimiento judicial están incorporados los mensajes de un chat interno del servicio jurídico de Podemos que muestran los contactos con los Fiscales anticorrupción que llevaban el procedimiento por lo que “al parecer, todo obedece a una estrategia política debidamente orquestada por Iglesias, de la que Podemos se beneficiaria de la causa contra Villarejo, estando, entonces (2015), próximas las elecciones”, explican los servicios Jurídicos de VOX en la denuncia.

Según la denuncia presentada, “la abogada de Podemos ha asegurado haber tenido acceso a información secreta del caso Villarejo a través de uno de los fiscales de Anticorrupción al que apodaba Ironman”.

La denuncia pone de manifiesto que las contradicciones en las declaraciones y las fechas ofrecidas implican directamente al vicepresidente Iglesias para inducir al órgano judicial a seguir un procedimiento.

VOX recuerda que no es la primera vez que Fiscalía examina los hechos denunciados, el pasado 14 de febrero ya incoó un expediente a instancia de denuncia de un particular que pedía que se investigara «la imparcialidad del fiscal encargado del caso Tándem”, a la vista de la información ofrecida en medios de comunicación sobre la relación entre el fiscal y una de las abogadas que intervenían en dicho procedimiento». Sin embargo, el caso fue archivado el 9 de marzo. La apertura de nuevas diligencias por parte de Fiscalía confirma la existencia de pruebas consistentes de la posible comisión de delitos. Por ello, VOX solicita que se aporten a estas diligencias que se hubieran practicado en aquella denuncia y la personación en las que ahora se inicien.

Por todo ello, los servicios Jurídicos de VOX solicitan que se tome declaración a los cuatro denunciados. También reclaman unir testimonio de la pieza correspondiente del caso Tandem seguido ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, de las declaraciones de Bousselham, así como de los escritos presentados en su nombre, la copia íntegra testimonia de los mensajes que intercambiaron los abogados de Podemos a través de su chat de Telegram de las fechas analizadas, copia de los correos electrónicos intercambiados por la abogada y el fiscal, y la declaración testifical de Jose Manuel Calvente, jefe de los servicios jurídicos de Podemos en las fechas indicadas, Miguel Serrano, fiscal anticorrupción encargado del caso, y Diego Rodriguez Veiga, periodista.

La formación solicita que se recabe la información publicada sobre estos hechos en los medios de comunicación y páginas web que se indican en la denuncia, así como otras informaciones sobre los hechos que hayan sido publicadas, para que sean contrastadas a fin de certificar las mismas.