Viva la Constitución

El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra y, además, la segunda, y sucesivas veces, suele hacerlo de forma más violenta y dañina.

En estos días celebramos el momento histórico más importante en siglos en nuestra patria, la transición política de un modelo totalitario a uno democrático, con el perdón y la superación de los enfrentamientos que surgieron en una sangrienta, exaltada y desdichada república y la reacción surgida por la insurrección militar.

Hoy, podremos discutir si la República, siendo democrática, actuaba de forma inmoral, ilegal y sectaria contra los católicos y contra los de otras sensibilidades políticas, como podremos discutir si la insurrección, y sobre todo el posterior régimen político, fue una dictadura criminal o un régimen autoritario que debió dejar paso a la democracia mucho antes.

Sin querer adoptar una postura, creo que los que vivieron esos momentos de república y dictadura ya tomaron una decisión: superar las diferencias y acabar con las dos Españas para enfrentar un futuro conjunto común.

Esa decisión se selló en una constitución que consolida un Estado Monárquico, aconfesional, autonómico, democrático y de Derecho, que fue refrendado por una de las más amplias mayorías jamás habidas en España, por lo que recordar estas circunstancias es dar lustre y reivindicar no sólo ese momento, sino la validez, la solidez, la solvencia y la pervivencia del mismo en el texto constitucional.

La izquierda, ab initio republicana, siempre ha defendido, amparado y sostenido el régimen monárquico de la constitución de 1978, comprendiendo que no sólo es de bien nacidos el ser agradecido, sino que la Jefatura del Estado está bien desempeñada por la figura de la monarquía, conforme se regula en la Constitución.

La derecha, ab initio católica, ha defendido la aconfesionalidad del Estado y comprendido que, aún cuando la religión católica es mayoritaria en España, la política debe de estar al margen de la religión.

Podría ir desgranando así unas y otras cesiones, e incluso podremos poner de manifiesto que, ahora más que nunca, ha quedado patente que el estado autonómico no funciona, que existen materias que, por el bien del ciudadano, como la sanidad, la justicia, la seguridad y  la educación, en sus aspectos fundamentales y más estrictamente sistémicos, deben de ser resueltos por el Estado; pero, ello no puede, no debe, no es aceptable que sea considerado un ataque a la Constitución y mucho menos puede suponer un intento de vulnerar la misma.

La Constitución es, ha sido y debería seguir siendo, un marco infranqueable de libertad y democracia, a la que debiéramos haber ido implementando medidas y sistemas de control al poder, y no como hicimos hasta ahora, desmontando los pocos controles señalados en la misma.

Es el momento no de continuar por la deriva de desdemocratizar la constitución, sino de fortalecer sus controles. Es cierto que el CGPJ debería de ser renovado, pero es justo ahora cuando debemos incrementar las medidas despolarizadoras del mismo y no incrementar su ponzoña política, no se trata de pactar el cambio de cromos, sino de cambiar el sistema político de cooptación judicial.

No es el momento de ampliar las competencias de las comunidades autónomas o de dotar de mayor autonomía a un sistema que ha demostrado sus incompetencias, sino de recuperar competencias estatales o de configurar modelos de acción que impidan los problemas sanitarios, educativos, jurídicos que, con el presente modelo, en tiempo de epidemia, se han demostrado caóticos.

Es el momento de fortalecer la Constitución frente a las derivas totalitarias, sectarias y antidemocráticas que se aferran al poder o pretenden alcanzarlo para someter a los ciudadanos, y eso lo tiene que hacer este gobierno, aun cuando en su seno existan esas tensiones, pues es con él con el que se ha puesto de relieve de forma más cruel y grave, pues si se deja llevar por el comunismo (fascismo vestido de rojo) pasará a la historia como el gobierno que dejó morir a sus ciudadanos y no fue capaz de enfrentar un futuro común, por una simple inacción o ventaja política de unos minutos.