UN MODELO DE ESTADO FALLIDO

El 31 de octubre de 1978, la Constitución Española fue aprobada en sesiones plenarias celebradas en el Congreso de los Diputados y del Senado. Fue ratificada mediante referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre y, poco después, publicada por el BOE –Boletín Oficial del Estado- nº 311, el 29 de diciembre del mismo año. Sus señorías batían palmas y mostraban su alegría exultante por el éxito alcanzado. Se abría una nueva etapa de la historia de España. Entonces muchas eran las incertidumbres, las dudas y los temores, pero podía más la ilusión y la confianza depositada en el nuevo modelo de estado que se inauguraba.

Cuarenta y tres años después, tras no pocas vicisitudes y episodios turbulentos, podemos hacer una justa valoración de la trayectoria recorrida. Muchos y variados son los aspectos sobre los que poder dialogar, debatir y discutir, faltaría más. Me voy a centrar en uno, el referido al modelo de organización territorial del Estado español, es decir, el que queda establecido por nuestra Carta Magna. Según quedó aprobado, dicho modelo establece una organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas, rigiendo entre ellas el principio de solidaridad. No me lo invento, tampoco es una manipulación de sórdida intención ajena a mi condición, profundamente convencida, de ser español de bien, que tiene a orgullo y a gala tener como Patria –con mayúscula- a España. Es precisamente por esto, dada esta decidida distinción que me ennoblece, por la que siento la obligación de no callar y silenciar mis duelos y quebrantos que, dicho sea de paso, no son pocos.

El estado autonómico que configura a España es un modelo fallido. Hoy somos menos España que nunca y sufrimos un proceso desintegrador incuestionable. Las fuerzas centrífugas de los nacionalismos periféricos están desgarrando y descosiendo la unidad nacional. No creo que nadie pueda rebatir este planteamiento, si lo hace es faltando el respeto a la verdad y a la realidad que vivimos. Lo grave y notorio del asunto es que, según se puede apreciar por la deriva de los acontecimientos, todavía los peores capítulos están por escribir, salvo que el pueblo español, supuestamente soberano de sus decisiones, quiera que la historia termine con un final feliz. Hoy por hoy la cuestión pinta de muy fea factura. La historieta de los secesionistas catalanes y vascos, luego serán los valencianos y baleares, y después quién sabe, auguran un sombrío horizonte al que nos dirigimos de forma inexorable. La destrucción del todo, desde las partes, se me antoja incuestionable. No lean ustedes mis palabras como fruto de una incontinencia verbal, o como una perorata alarmista cargada de excesos. En absoluto, es la conclusión de quién, con profundísimo dolor, asiste impotente ante tanto dislate y disparate político.

El modelo de estado regional o de las autonomías no ha generado ningún equilibrio económico, político o social. Nació –creo yo- con la vocación de garantizar, desde el susodicho principio de solidaridad recíproca, la igualdad entre los españoles, de contribuir a superar las diferencias económico-sociales históricas existentes entre los distintos territorios nacionales. ¿Cuál ha sido el resultado de esta cándida y bisoña intención? ¿Se han corregido las diferencias entre el centro y la periferia? ¿Viven y disfrutan igual los españoles de un territorio como los de otro del estado de bienestar?

Todas las interrogaciones retóricas que se puedan plantear tienen un denominador común en la contestación, que siempre es NO. Estoy seguro que todos habrán oído –si es que no viven en ella- de la España vaciada, envejecida, despoblada y abandonada. Los territorios que comprende esta realidad geográfica representan la mitad del conjunto del territorio del estado español. Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Aragón, el interior de Andalucía o de la Comunidad de Valencia, también de otras zonas, representan de manera evidente lo fallido de nuestro modelo de estado. Es decir, los desequilibrios territoriales, lejos de ser reducidos, se han incrementado notablemente. Las consecuencias resultantes son, de forma inmediata, de naturaleza política y, como derivadas de ellas, económicas y sociales. ¿Tiene el mismo peso en la toma de decisiones Soria que Valencia? ¿Puede Teruel influir como lo hace Vizcaya? ¿Acaso Palencia puede presionar como Sevilla? ¿Qué me dicen de la fuerza y el empuje de Guadalajara, Ciudad Real o Cuenca frente al de La Coruña, Barcelona o Madrid? ¿Es lo mismo? NO. Los criterios demográficos son la causa primera utilizada en el reparto de cualquier pastel –léase fondos, presupuestos, inversiones o ayudas-.

NADIE puede negar tal evidencia. La carga de la prueba, contrastada y demostrada, es contundente en mi argumentación y exposición de motivos. La periferia económica ha ganado peso, por el contrario, el centro languidece y pierde peso en todos los órdenes. ¿Dónde queda el principio de solidaridad? Miren ustedes, caretas fuera, España se ha convertido en un reino integrado por virreinatos autonómicos, auténticos reinos taifas de facto, en los que cada uno va a lo suyo siguiendo aquellas máximas de “sálvese quién pueda” y de “el que venga detrás que arreé”. España, como nación y Patria –con mayúscula- común de los españoles, se diluye como un azucarillo en aguardiente. El proyecto conjunto como estado salta por los aires despedazando nuestra unidad, desmembrando y mutilando la integridad territorial. ¿No les parece demasiado que haya diecisiete presidentes, diecisiete gobiernos regionales y diecisiete parlamentos autonómicos? Eso sin contar a las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. ¿No creen que el fasto, el gasto y el dispendio de tan mastodóntico estado es insostenible? El diagnóstico es una gravísima elefantiasis administrativa que devora ingentes cantidades de recursos y medios, tanto económicos como humanos.

Pero los males no terminan ahí, ni mucho menos. Este lujo descontrolado, imposible de financiar, es causa del desequilibrio territorial y, en consecuencia, es productor de la desigualdad entre los españoles, provocando como resultado un enfrentamiento fratricida entre regiones y comunidades hermanas. El camino de perdición iniciado, bien asentado en el régimen clientelar que ha desarrollado, tendrá nuevas paradas y peajes que pagar en su alocado proceso desintegrador. El estado regional o de las autonomías, como respuesta al unitario centralizado, se va acercando peligrosamente a un modelo federal descentralizado, característico de una república que, como modelo político de estado no tiene por qué ser malo en cuanto a su forma de gobierno, pero no en el afán pretendido por separatistas e independentistas de quebrar la unidad de nuestra Patria –con mayúscula-.

Sea por devoción o vocación autonomista, o sea por inquina hacia España, nuestro modelo de organización territorial ha generado una España con un desarrollo desigual, es decir, una España en la que se circula a múltiples y dispares velocidades. Conclusión: el estado regional o de las autonomías es un modelo de estado fallido.