Tras la catástrofe, evaluación y reconstrucción

Vivimos el postsunami en el que se observan los destrozos, se magnifican los daños esperados y se propagan los pillajes entre la muerte, desesperación, angustia y dolor del común de las personas.

Ante la venida de ese cataclismo, nos vimos indefensos, mostramos nuestra inmensa debilidad, nos manipularon a su antojo, nos dejaron morir por incompetencia, desidia e interés económico, alargando nuestra agonía por intereses inconfesables.

En plena pandemia, y hasta el presente, se debieron desarrollar modelos de actuación que permitiesen en las sucesivas olas, o ante eventos de siniestro, adaptar medidas que minimizaran los daños; pero, en lugar de hacer esto, se han dedicado, en palabras del General Santiago de la Guardia Civil, a minimizar la crítica, al disidente, al que clama.

Ahora, lo que vivimos es la contemplación de la ruina del sector público, que no hay que defender, sino reconstruir y reactivar para intentar fortalecer en las debilidades contempladas, reestructurar de forma adecuada para optimizar el servicio, despolitizar en gran medida, acabar con la contratación de personal no funcionario y hacer una nueva, moderna y capaz administración pública que, efectivamente, se encuentre al servicio del público y cliente.

Un personaje afirmó que tenía la nueva administración en la cabeza, pero gobernó y esa administración se quedó en el seso del sujeto, no sabemos si en algún momento llegó a tener algo de lo afirmado en el mismo, pues se le pidió austeridad administrativa y política y nos apretó el cinturón a todos menos a esos dos sectores.

Reaparece un movimiento, perfectamente dirigido y orquestado por los de siempre, como es la “marea blanca” afirmando la ruina real y cierta de la sanidad pública y de la atención primaria que nunca funcionó, claman por desestresar a los profesionales, pagar más, ampliar las plantillas, etc.; pero, no les he escuchado jamás reclamar que aquel que trabaje en el sector público no pueda desarrollar labores en el privado. Si tan agotados están, no se entiende que puedan hacer un buen trabajo después. Por otra parte, se quejan de lo mal pagados que están, pero ocultan que hay guardias de un día a 700 € o que tienen que entrar a las 8h y salir a las 15h y entran a las 9h ó las 10h y a las 13h se han marchado… que hay compañeros que se están matando por el paciente y otros, a los que no reclaman nada, que se forran llevándose pacientes al sector privado y no cumpliendo su deber en el público.

Esa situación se produce en la casi totalidad de la administración, en la que entran personajes del sector privado sin mérito ni capacidad, ni por supuesto someterse a una prueba selectiva, que se lucran y no valen para nada, como funcionarios que por la tarde realizan el trabajo que resuelven en su departamento por la mañana.

Que tenemos políticos que con tal de hacer humo que vender al “perrito sin alma” prometen, desarrollan e incluso intentan aplicar normas para las que no tienen ni personal, ni medios, ni capacidad administrativa con que ponerlos en práctica, generando un roto en la ya de por sí destrozada administración.

Precisamos un proyecto de administración pública que se acomode al modelo territorial español, con la eliminación de los elementos de otros momentos y modelos políticos, un dimensionamiento calculado de los funcionarios precisos en cada ministerio, departamento y nivel estructural, con la eliminación de los existentes con el fin de producir duplicidades o distorsiones.

Formalizar una administración de funcionarios y personal público al que se impida la ocupación en el sector privado y viceversa, de cooptación objetiva mediante mérito, capacidad y superación de pruebas equilibradas e imparciales que desarrollarán una carrera profesional con esos criterios y tendrán la remuneración adecuada al puesto y a las garantías de inamovilidad que presiden el mismo, pero con la exigencia de optimización de recursos y efectiva actividad.

Impedir la contratación no sometida a los criterios administrativos en el ámbito de la administración que sí podrá realizar contratas privadas para obras o servicios para los que no esté capacitada, siempre con los criterios de transparencia, optimización y efectividad del servicio contrastados de forma constante por los servicios administrativos correspondientes y los políticos del sector sometidos a responsabilidad.

A la par, desde el sector público y los políticos, se deben de efectuar modelos y programas de prevención de riesgos sanitarios, militares, sociales y económicos que permitan el libre comercio, la libertad del individuo, pero también la seguridad que debe conceder el Estado a sus ciudadanos; es decir, planes de acción ante catástrofes de todo tipo que fortalezcan  la ciudadanía, el Estado y la vida de todos ellos, minimizando los efectos de tsunami, venga de donde venga.

Dejemos de mareas, de clamores unilaterales o de visión pacata de nuestro ombligo personal y afrontemos una exigencia común: austeridad administrativa, eficacia, optimización y servicio al público de esta, creando la red y los canales que precisa la sociedad y despolitice la reclamación para cumplir las razones de la existencia misma de la administración.