Sombrero con tres picos

La democracia se fundamenta en la existencia de una separación de poderes que permita una suerte de equilibrios, de forma que se sostenga un control del ejecutivo y legislativo por el judicial como fulcro de una balanza que obliga a una mesura forzada y forzosa, de manera que, el ejecutivo, se encuentre controlado por el judicial y, el legislativo, desarrolle las normas que habrá de aplicar el judicial a los tres poderes.

No puede existir un ejecutivo o legislativo sobre el judicial y este no podrá estar por encima de la ley en caso alguno, así, el legislativo, marcará con su producción la línea que se debe de seguir y, de este modo, todos los ciudadanos serán iguales y los miembros de cada poder no podrán estar nunca por encima de la ley, que es el marco supremo de actuación de todos ellos.

El judicial no podrá nunca desarrollar, dirigir o transformar un modelo legislativo, pero sí tiene la obligación de evaluar que dichas normas cumplan las superiores y no se produzcan caminos de legislación que fracturen la norma; es decir, el judicial habrá de controlar que un reglamento no altere o contradiga una ley o que esta fracture la norma suprema. Cada vez que el judicial se queja de la ley de amnistía, lo que pone de manifiesto no es que no la aplique si se aprueba, sino que con ella se producen dos problemas: uno primero de orden constitucional, al comprender que la norma supone una vulneración de los principios básicos de la Constitución, como son el de igualdad y el de respeto a las decisiones judiciales; y uno segundo que socaba el poder judicial en sí mismo, pues supone que las Sentencias que se desarrollaron sobre una base punitiva concreta eran injustas y contrarias a la norma pues, con la amnistía no se predona, sino que se extingue, se limpia la acción del delincuente como delictiva.

El asesino es condenado y puede ser perdonado en el cumplimiento de la pena con el indulto; pero, si lo amnistías, lo que haces es decir que no fue asesino, de forma que su condena fue injusta. Matar a otro de forma alevosa no es delito para el amnistiado, pero… y ¿para tí?… ¿eso es lo que pasó?¿eso es lo que queremos que suceda con los independentistas del 1 de octubre?

Cuando afirmamos que no existió terrorismo estamos evaluando unos hechos y calificando una acción en una actividad que es propia del Poder Judicial, que podremos criticar, combatir e incluso si, como afirman, es de un juez prevaricador, acudir a los tribunales, formular la oportuna querella y, tras un enjuiciamiento, condenar a ese delincuente con toga, que haberlos los hay, como en todos los ámbitos de la vida.

En el momento que quien “sentencie” que en la acción del independentismo y, concretamente, en la de tsunami democrático no existe terrorismo, pese al terror generado, la violencia aplicada, la voluntad de atentar contra las fuerzas y cuerpos del Estado y someter la torre de control del aeropuerto, es el Presidente de un gobierno que confirma que construirá un muro entre los españoles, lo que está haciendo es elevarse a un estatus de juez que denota un desprecio absoluto al poder judicial, a la democracia y a la esencia de la división de poderes que le retrata como un totalitario peligroso.

Nos ponemos las manos en la cabeza, pero a esta situación se ha llegado por la acción de Felipe González destruyendo y politizando el CGPJ en aras a una democratización de una justicia post franquista que había que democratizar, con lo que, en el fondo, se afirmaba que los jueces prevaricaban en favor de unas ideologías… vamos, lo mismo que ahora.

Se consolidó con un PP que no cambió nunca los modelos y los utilizó a su antojo, para acabar desarrollando una línea roja en la vuelta al modelo constitucional. Más vale tarde que nunca.

Esa acción tardía no puede servir al PSOE para decir que secuestra la elección del CGPJ pues, quien la modificó fue él y la exigencia constitucional es el acuerdo de los partidos, por lo que si no hay acuerdo es por culpa de ambos que no negocian, sin imponer, uno y otro, sus posiciones de forma inamovible.          En este sentido, el PP ha ido dando cambios en su posición, inicialmente maximalista, en la exigencia de primero el cambio y luego la elección, pasando por cambio y elección a la par, para luego llegar a elección y luego cambio, frente a una posición férrea del PSOE de elección y de cambio ya se verá, sin aseverar que se llevará a efecto; es decir, ¿Quién es el culpable, el que cambia de posición para amoldarla a un posible acuerdo o el que impone la propia? ¿quién no cumple la constitución o quién intenta no cumplirla?

Respetemos la división de poderes, hagamos política en la negociación real y asumamos la democracia que parecen despreciar.

 

Enrique de Santiago Herrero

Abogado. Máster en Ciencia Política. Diploma de estudios avanzados en Derecho Civil Patrimonial. Derecho penal de la empresa. Colaborador y articulista en diversos medios de comunicación escrita, radio y televisión.

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