Siempre con la víctima

La existencia de violencia en el seno de la familia, como en el seno de la sociedad, es una evidencia que no merece discusión; como no merece discusión que, mayoritariamente, la violencia física se ejerce sobre el sexo femenino.

Es evidente que esa violencia debe de ser atajada desde las instituciones, haciendo uso de todos los instrumentos que se encuentran a nuestro alcance, es decir, desde la legislación penal, social, policial, educativa, etc. Y para ello es preciso una legislación específica que imprima un carácter singular a este tipo de víctima, sin generar discriminaciones injustas e inapropiadas, sin gastos superfluos que sólo generan intereses contrarios a la eliminación de la violencia, sin réditos políticos o apropiación del modelo, sino desde una perspectiva igualitaria, preventiva y evaluativa de la eficacia de la misma.

Es más que doloroso y manifiesto que la legislación denominada de género y contra la violencia machista no funciona, no está teniendo un efecto reductor de las violencias, ni preventivo de la misma, resultando que el número de asesinadas sigue creciendo año a año y los efectos de la ley están resultando incluso perniciosos. Ni que decir tiene que la legislación apodada de “sí es sí” no sólo está resultando poco efectiva, sino muy perjudicial para la víctima.

La generación de asociaciones de violencia de género, mantenidas exclusivamente con fondos públicos, no sólo no están minorando o no ayudando a la mujer a encontrar una prevención o cobertura precisas, sino que se han convertido en nidos de producción de situaciones inapropiadas y ventajas injustas no en protección de la víctima, sino en la generación de víctimas inexistentes y provocando damnificados injustamente tratados y todo ello para mantener unos ingresos, unos emolumentos que de otro modo no se hubiere obtenido.

Los fondos que se destinan a un ministerio, a unos lobbis de género, a unas asociaciones que no lucran más que del erario público, lo que hace es que muchos “desgrarramantas” o “indigentes profesionales” encuentren una cobertua más que suculenta que hace que no se pueda acabar el “momio” y que, finalmente, hace que esos fondos públicos no tengan un destino eficaz en la Administración de Justicia, en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en la Educación, en Servicios Sociales, etc.

Si además consideramos que con algunas de las intervenciones de los sectores autodenominados feministas, que no persiguen la igualdad, y que deberían de denominarse supremacistas o racistas sexuales, lo que produce como efecto contrario es un incremento, cuando no de la violencia, sí de la comprensión del agresor que se presenta como víctima de esas inquisiciones laico sexuales, debemos de concluir que no producen el efecto de protección a la víctima que se decía buscar.

La violencia debe de erradicarse en su gestión, es decir, en el ámbito de la familia, en primer lugar con una educación en igualdad, en una acción igualitaria, sin ningún tipo de discriminación, ni positiva, ni negativa; en segundo lugar, interviniendo en la salud mental de los componentes de la familia, facilitando unos servicios públicos de defensa del núcleo familiar frente a otras perspectivas absolutamente respetables, pero que perturban el modelo igualitario; en tercer lugar, desde la igualdad de los hombres y mujeres, aplicando modelos de prevención legal sin determinación previa del sexo, de modo que, si la agresión se produce, la actuación tenga igual nivel de intervención, igual modelo de proceder, el mismo trámite legal y la misma repercusión penal, con independencia del sexo de la víctima y del agresor, no permitiendo que existan víctimas con diferente trato y que el bien jurídico, vida o integridad, no dependa del sexo de los pacientes o actuantes, ni de su posición en el seno familiar (menores y mayores).

Deberíamos de abordar el problema del suicidio, íntimamente ligado al de violencia familiar, como lo que realmente es, el más importante número de fallecidos en este país por dicha causa, estudiando los motivos de su incremento, evaluando el estado mental de nuestra sociedad, las causas, circunstancias y motivos por los que ello se produce y, finalmente, buscar soluciones.

Frente a la violencia, siempre del lado de la víctima, ya sea de un sexo u otro, tenga una orientación intelectual, política, social, económica o sexual u otra, y siempre contra el agresor, al que se le han de imponer las sanciones de la forma más adecuada posible, no puede hacerse una diferencia sexual y despúes hacer leyes que permiten que los agresores condenados se beneficien de las mismas.

Cuando los fondos son limitados, siempre sucede, la gestión debe de ser eficaz, efectiva y evaluada constantemente sobre la base del mayor beneficio social posible, y es evidente que las políticas que se están desarrollando en la denominada violencia de genéro son muy costosas, poco efectivas e incluso contrarias al interés de las víctimas, resultando que quienes las criticamos, con soberbia y falta de autocrítica, somos tachados de machistas, fascistas y retrógrados; pero, al final, los datos no engañan y estas políticas “supremacistas del coño” están obteniendo los daños que tenemos, un incremento de las víctimas.

¿Quién está con las víctimas, quien se lucra o quien busca soluciones, le llamen como le llamen?