Sanidad público-privada

 

Cuando en la sanidad el sistema no funciona, desde las terminales del gobierno, señalan con el dedo a las comunidades autónomas, que tienen la transferida. Cuando miras a los regionales, ellos te afirman que la culpa es del gobierno, que no le permite desarrollar sus protocolos.

Es verdad que la sanidad está transferida, y que las comunidades autónomas han jugado con ella, sin permitir que funcione en las condiciones óptimas que corresponderían a un personal de alta preparación y un material de máximo nivel, como también es cierto que, desde el gobierno, o no se dan medios, o se ponen piedras en las ruedas para poder aplicar los criterios que se consideren adecuados por la sanidad autonómica.

Que la gestión de la sanidad pública es y ha sido de forma secular un auténtico desastre que se corregía con el esfuerzo de los profesionales es un dato objetivo empíricamente demostrado y, por ende, no discutible; pero, también es un dato real y cierto que aquellos médicos que afirman estar agotados, que no pueden más en el sector público, por las tardes repletan sus consultas privadas con trabajos a destajo, en los que no aparecen agotados, derivados muchos de ellos de su trabajo público matutino.

Que tanto para la sanidad, como para el resto de actividades privadas, soy de los que considera que no debía de producirse ningún tipo de interacción entre ambas; es decir, si has optado por el sector privado, mucha suerte, y si lo has hecho por el sector público, enhorabuena, pero deben de ser conscientes que si se desarrolla el proyecto vital en uno no cabe hacerlo en el otro, salvo renuncia expresa, clara y real al que se venía desarrollando.

Quieres pasar del público al privado, renuncia a los derechos públicos. Si lo haces del privado al público, abandona el trabajo realizado y compruébese que ello fue así. No se trata de impedir el ejercicio profesional, sino de impedir la corrupción que ir de uno a otro supone.

No he escuchado a ningún partido que defienda esa imposiblidad de compatibilidad de sectores. No he contemplado cómo se pedían responsabilidades a letrados que por la tarde en su despacho hacían escritos que por la mañana resolvían en los servicios técnicos correspondientes a los que habían sido dirigidos, todo ello en plena compatibilidad.

No he observado cómo se reconocía y se ponía remedio por algún sindicato, es más lo niegan, que un funcionario cobre la liberación y la iguala de letrado del sindicato, e incluso que durante algún período estuviese en su puesto de trabajo y ejerciese de letrado del sindicato cobrando la iguala y abandonando el puesto de trabajo público para realizar los juicios del sindicato…¿eso no es corrupción?

La sanidad pública ni es, ni era, ni será, si no ponemos remedio, la mejor del mundo, como hemos afirmado muchas veces, carece de profesionales comprometidos con ella, a los que no se compromete desde la administración con una gestión efectiva, eficiente y óptima de los recursos que permitan la máxima eficacia y el más elevado servicio al paciente, único objetivo admisible de la sanidad pública.

La sanidad privada debe de ser una opción del ciudadano que así lo desee y un colaborador fiel y fiable de la sanidad pública en aquellos campos, momentos o circunstancias en las que sea preciso, siempre con una separación de personas, profesionales, materiales y economías absoluta y radical.

No se trata de defender la sanidad pública frente a la privada, sino de optimizar la pública, permitir el desarrollo de una privada y que sea el paciente el que opte por una u otra en libertad. Los recursos públicos deben, de forma prioritaria, acudir al servicio público y, si se destinan a un ente privado, deberá de ser por cumplir este un servicio público al que no alcanza la administración o el privado lo hace con más altos estándares de calidad acreditados de forma objetiva.

No todos los que defienden uno u otro modelo lo hacen de forma leal y no son unos canallas que se lucran del modelo y lo apuñalan. No todos entienden que son un servicio público que se le debe de dar en los más altos estándares de calidad al público al que se deben.

 

Enrique de Santiago Herrero

Abogado. Máster en Ciencia Política. Diploma de estudios avanzados en Derecho Civil Patrimonial. Derecho penal de la empresa. Colaborador y articulista en diversos medios de comunicación escrita, radio y televisión.

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