Residencias alternativas y solidarias
Hemos desarrollado un sistema sustitutorio de la caridad cristiana y hemos pasado de la ayuda desinteresada a la prestación de servicios retribuidos, trasladamos un modelo del corazón a un modelo capitalista muy lucrativo.
En ese modelo de “asuntos sociales” de cobertura al necesitado, preciso y necesario, se transmutó el asilo en residencias de ancianos, rompiéndose la creencia de que se aparcaba al anciano para morir en se le ingresa para estar bien atendido.
Gracias al desarrollo de la residencia como un modelo de hotel atendido, se construyó un entramado económico sustentado por la Administración Pública y lucrado por miles de empresas que administraban las residencias en cada pueblo, en cada ciudad, de forma que existe una red de residencias privadas, cubiertas con fondos públicos, que prestaban servicios a los mayores más autónomos, lo que exigió una legislación que diese solución a los asistidos, y así se amplió el modelo.
Con la pandemia se puso de relieve que el modelo sufría de carencias sanitarias y que, nuevamente, la prestación del servicio corría más de cuenta de la sensiblidad o “caridad” de los profesionales que del sistema organizado, y que la falta de sanitarios provocaba una situación de abandono de los residentes que les llevaba trágicamente a la muerte. Una vez superado el momento crítico, y los usos políticos de apariencia de asunción de responsabilidades, no se ha resuelto el problema, no se han adoptado medidas de prevención y seguimos sin ofrecer un plan efectivo y eficiente en la necesidad residencial.
En este modelo de solidaridad, que se ha demostrado muy lucrativo para quienes se han apuntado al modelo y que se han dedicado a la gestión de residencias públicas, sorprende que ni desde el campo empresarial, y mucho menos desde el de la administración, se desarrollasen modelos residenciales que diesen una cobertura especial a las personas con necesidades especiales y resolviesen la angustia de aquellos padres que contemplan el final de sus días y no ven resuelto del problema residencial y/o habitacional asistido de sus hijos “discapacitados”.
Las personas con capacidades especiales o diferentes están encontrando la solución en residencias o viviendas tuteladas dirigidas, administradas y generadas por instituciones privadas del sector que, por más que con grandes esfuerzos realizan esa labor, resultan insuficientes.
Estas personas con capacidades diferentes suelen precisar vigilancia, atención y supervisión sanitaria en mucha menor medida que una persona mayor asistida en una residencia normalizada, por lo que el coste es muy superior en esta segunda opción que en la primera, pero la administración exige la existencia de plazas para asistidos, pero no para personas con capacidades distintas.
El hecho de que la Administración no exija, o no facilite, o no se esfuerce en la existencia de plazas especializadas en personas con capacidades diferentes, hace que las empresas no tengan en cuenta esa situación, dedicando todos sus esfuerzos en diferenciar su negocio del de al lado en prestaciones poco costosas, muy aparentes y que permiten un lucro superior, sin darse cuenta que los ingresos, que les produciría una especialización en las necesidades diferentes, serían muy importantes sin que ello pueda suponer un mayor coste.
Ciertamente, lo primero que habría que implementar es un sistema de control de calidad y prevención de riesgos con exigencias muy superiores a las actuales en el modelo que se está desarrollando; de forma que, la calidad asistencial y las necesidades de nuestros mayores, no fuese óptima sino excelente. Pero, a la par, se podrían o deberían llevar a efecto acciones que permitan el desarrollo de residencias y viviendas vigiladas para la solución residencial de esas personas y de sosiego a los padres que cubrirán sus necesidades hasta el último minuto, pero desesperan por no poder dejar resuelto el problema al momento de su muerte.
