Propuestas para la post crisis. Plan de emergencia social y económica

Este Plan sólo incluye las medidas de emergencia necesarias para resolver la crisis en la que nos encontramos. Sólo se han incluido aquellas medidas imprescindibles, así como aquellas que se han considerado de aplicación urgente y simplificada, y que no requieren de grandes cambios legislativos.

Reducción extraordinaria de gasto: 

Eliminar todo tipo de gasto público superfluo, esto es, el que no satisface ninguna necesidad social porque sólo sirve para satisfacer intereses clientelares de partidos:

  • Eliminar las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, asociaciones de vecinos, ONGs ideológicas o falsamente culturales, asociaciones de género, guerracivilistas.
  • Reducción drástica del aparato político incrustado en la Administración: Asesores digitales, empresas públicas, TV públicas, medios de titularidad pública, chiringuitos diversos.

Acabar de verdad con la corrupción política, utilizando todos los mecanismos existentes de obtención de información, haciendo uso del CNI y otros organismos similares, modificando la LOPD en lo que sea necesario, y potenciando los canales de denuncias.

Reducir al mínimo la economía sumergida. En momentos de crisis todos deben contribuir, utilizando los mismos recursos que los de la lucha contra la corrupción: CNI y similares, modificación de la LOPD.

Eliminar todas las duplicidades administrativas, para evitar que haya cinco (o más) niveles de Administraciones (Europea, Estatal, Autonómica, Provincial, Municipal), reduciendo al máximo los costes administrativos y políticos. Elaborar un estudio a fondo para optimizar (reduciendo) el tamaño de la Administración.

Ejemplarizar la función política con una drástica reducción salarial de los cargos electos o nombrados políticamente (diputados estatales, autonómicos y senadores, alcaldes, ministros, consejeros autonómicos, directivos de entes públicos de todo tipo, etc.). Tope al salario máximo de cualquier cargo, político o funcionarial, eliminando todo tipo de pluses o salario en especie. Ese tope máximo podría ser el salario del presidente de Gobierno.

En resumen, sin renunciar al Estado Social y de Derecho, reimplantar en el mismo los principios de honradez, austeridad, vigilancia del gasto público, eficacia en el uso de los recursos públicos, ejemplaridad.

 

Ingresos extraordinarios: 

  • Basados en la reducción de gastos propuesta, solicitar del BCE monetizar la deuda –o cualquier otro sistema de financiación- en un importe equivalente a la previsión del déficit anual de las cuentas públicas, negociando un programa de revisiones y de fiscalización del uso de dicha deuda.
  • Lo mismo con el Fondo Previsto por la UE para la neutralidad climática en el 2050, que tiene una dotación presupuestaria de 1 billón de euros.
  • Hacer uso del resto de los mecanismos financieros existentes en la Unión Europea y FMI, Banco Mundial, etc.
  • Las ayudas solicitadas a los organismos internacionales tendrán un carácter finalista, es decir, que estarán destinadas a proyectos concretos y definidos, aunque estén contenidos en algún Plan de más alcance.
  • Reforma fiscal adaptada al nuevo escenario, con la prioridad absoluta de la creación de  empleo, y el sostenimiento económico de los sectores productivos más afectados por la etapa de confinamiento (pymes, comerciantes, autónomos, trabajadores afectados).

 

Programa estándar de reducción del déficit, basado en el mantenimiento de los impuestos: IRPF, Sociedades, IVA, Sucesiones, etc; congelación de gasto de las Administraciones, en gastos suntuarios, sueldos y en Oferta de Empleo Público; congelación de pensiones y de jubilaciones anticipadas; optimización de facilidades administrativas para las empresas y autónomos; eliminación de trabas al emprendimiento de PYMEs, empresas familiares, autónomos, cooperativas, pequeño comercio, sector primario, turismo, restauración, etc.

Programa extraordinario (de al menos el 4% del PIB) de Inversiones en Infraestructuras (sanitarias, de transporte,  ambientales, equipamientos, etc.) en las zonas más afectadas por el descenso en turismo y en ocio.

 

Apoyo a sectores afectados por la crisis 

  • Trabajadores en ERTEs: Prestación hasta alcanzar el 80% de los ingresos anteriores a la crisis. Bonificaciones a las empresas si mantienen los puestos de trabajo el año 2020 y el primer semestre del 2021.
  • Desempleados: Prolongación de la prestación por desempleo 6 meses más del que tenga cada parado, incluyendo movilidad geográfica y funcional.
  • Autónomos: cuotas y contribuciones cero en el 2020 a los afectados por la crisis, prorrogables al primer semestre del 2021.
  • Sectores de turismo, ocio, restauración, viajes, sector primario, y otros afectados. Reducir el Impuesto de Sociedades al 10%, así como reducir las cotizaciones sociales proporcionalmente a la actividad realizada durante el 2020, a las empresas afectadas por la crisis, prorrogable al primer semestre del 2021.
  • PYMEs y empresas familiares: Reducir el Impuesto de Sociedades al 10% durante el 2020, así como reducir las cotizaciones sociales proporcionalmente a la actividad realizada a las empresas afectadas por la crisis, prorrogable al primer semestre del 2021.

 

Para las subvenciones o ayudas, será imprescindible presentar la documentación que acredite la existencia de causa suficiente para recibirla, de forma que se eviten picarescas o fraudes de ley.

Estas subvenciones serán para españoles, o para extranjeros con permiso vigente de trabajo. En ningún caso para nuevas entradas de otros países.

 

Medidas complementarias 

Empresa

  • Legislación para eliminar trabas y barreras regulatorias a las empresas. Eliminación de normativas y armonización territorial. Actividad en toda España, permiso único.
  • Actualización y pago de todas las deudas pendientes de las Administraciones con las empresas.
  • Facilitar al máximo la creación de cooperativas. Posibilitar que los parados y los autónomos puedan pertenecer simultáneamente a cooperativas laborales o empresariales, sin incremento impositivo.
  • En la legislación laboral y empresarial, facilitar la movilidad geográfica, funcional o de sector (p.ej: trabajadores de turismo que pasan a otro sector, o empresas que se reconvierten a otra actividad).
  • Prohibición de venta ambulante, o de comercio no autorizado, o que no pague impuestos.

Economía

  • Privatizar total o parcialmente AENA, ADIF, RENFE, CYII, Paradores, Correos, REE, ENAGAS, INDRA, TRAGSA, SEPI, y el resto de empresas públicas estatales, autonómicas o locales. Posibilitar la privatización de canales públicos de radio y TV estatales, municipales o autonómicos, o cierre en su caso. Igual con las empresas públicas.
  • Renegociación a la baja de la cuota española de contribución a los gastos de la Comunidad Europea (ahora de unos 000 M €).
  • Plan actualizado de construcción de VPOs, con costes actualizados de construcción y coste cero de suelo.
  • Plan de Auditorías del Sector Público, incluyendo todos los organismos o entes en los que el sector público tenga participación, con cualquier porcentaje. Plan de reducción de edificios o instalaciones de titularidad pública.
  • Introducción de condiciones de concurrencia real y transparencia absoluta para el consumidor en todos aquellos sectores “protegidos” o intervenidos por el Estado o por la legislación europea, o que trabajen para clientes públicos: liberalización total (y eliminación de discriminaciones y trabas regulatorias) de los sectores de energía, comunicaciones, banca, construcción, transportes, audiovisual, prensa, cultura, sector del agua, comercio, etc.
  • Eliminar todas las prebendas basadas en las “puertas giratorias”, especialmente en las empresas públicas o que trabajan para el Estado. Régimen estricto de incompatibilidades con el sector público. (Montilla, Pepiño Blanco, Jordi Sevilla, Beatriz Corredor, etc.).

Fiscalidad

  • Vigilar estrecha y eficazmente a los paraísos fiscales próximos (Gibraltar, Andorra, otros de Europa) para perseguir los fraudes fiscales cometidos en España.
  • Estudiar los Conciertos Económicos Vasco y Navarro para armonizar su contribución fiscal con la del resto de los españoles.
  • Establecimiento de reglas claras para la tributación de los rendimientos obtenidos en España. Las grandes empresas tecnológicas y las multinacionales deben tributar allí donde obtienen sus beneficios reales.

Servicios. Sanidad. Educación. Jubilación.

  • Cheque sanitario. Libertad de elección de servicio sanitario (público o privado), como sucede ahora con los funcionarios públicos. Tarjeta sanitaria única para toda España.
  • Cheque escolar, tratando de armonizar el gasto público medio en educación –mejorando su eficiencia y eliminando gastos políticos- hasta acercarlo al de la enseñanza privada o concertada, hasta que el coste de una plaza pública sea igual al coste del concierto de la privada.
  • Eliminar de la Seguridad Social el tratamiento sanitario a extranjeros –salvo que exista acuerdo, o pago de la prestación-; eliminar todas las intervenciones ajenas a la salud, como los abortos, las operaciones de cambio de género, etc.
  • Jubilación: Libertad de edad de jubilación una vez alcanzada la mínima exigible. Mayores incentivos al retraso de la misma, permitiendo al trabajador continuar trabajando si lo desea. Control estricto de las prejubilaciones. Mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con actividades profesionales, empresariales o artísticas, o con actividades laborales.

Varios

  • Agilizar las normativas para modificar los usos del suelo, de forma que sea rápido y sencillo conseguir el estatus de urbanizable. Armonización de las cesiones de suelo a los Ayuntamientos, disminuyendo su cuantía.
  • Aplicación efectiva de la Ley de Extranjería. Devolución a sus países de origen de los inmigrantes ilegales y/o aquellos que no tengan trabajo o no contribuyan al erario público.
  • Fusión administrativa integral de Ayuntamientos, reduciendo cargos políticos y funcionarios, de forma que el tamaño mínimo de gestión de cualquier Ayuntamiento sea de 000 habitantes. Reducción de los entes locales a uno sólo de: Ayuntamientos, Mancomunidades, Consorcios, Comarcas, Áreas Metropolitanas, Diputaciones. Administración local única.
  • Eliminar la consolidación al alza de los niveles retributivos que tienen los funcionarios después de haber tenido cargos políticos.
  • Persecución de las actividades ilegales (narcotráfico, tratas, inmigración ilegal, etc.) usando para ello el CNI y similares, modificando la LOPD y facilitando los canales de denuncia. Aplicar la ley a estas actividades, tanto la criminal como la fiscal y la de extranjería.
  • Apoyo público a las actividades culturales que promocionen (directa o indirectamente) el turismo en España, así como una visión positiva de España.

 

VALORACIÓN  ESTIMATIVA 

Programa Extraordinario:   Reducción  déficit 3% a 6 %

Ingresos extraordinarios: Reducción déficit 5% a 7 %, en función de nuestra negociación con Europa y otros organismos internacionales.

Programa estándar: Reducción déficit 1% a 2 %

Inversiones: Aumento déficit 3 % (1% de retorno en impuestos, menor paro, etc.)

Apoyo a sectores afectados: Aumento déficit 6% a 11 %

Medidas complementarias: Reducción déficit 1% a 3%

 

OBJETIVO TOTAL ALCANZABLE:   Reducción total del déficit más probable, del 1 % al 4%, alcanzable en función del grado de aplicación, la intensidad y eficacia de las reformas. Simultáneamente, el paro, y el resto de indicadores económicos volverían a valores pre-crisis covid-19.

 Pero todo este programa sólo es posible con otro tipo de Gobierno, no con el actual.

Sólo con un Gobierno diferente, transversal, basado en la competencia, con ministros y otros cargos con experiencia profesional, capaces de gestionar realidades, sin intereses electorales, sin partidos, o con los partidos en segunda fila.

¿Sería posible encontrar personas así? Seguro. Los perfiles idóneos serían los de  gestor (es) del sector privado, o público, con capacidades reconocidas; emprendedores; personas capaces de trabajar en equipo; profesionales competentes de los sectores más afectados por la crisis o más importantes; contar con el apoyo más amplio de la sociedad civil, y de todos los afectados por la crisis post virus. Todos, en cualquier caso, con trayectorias de honradez personal y profesional.

El gobierno actual carece de todas estas cualidades. Además de tener un claro sesgo ideológico, que les impide entender la realidad de una forma objetiva, carecen de experiencia, no sólo política, también profesional o de gestión. No hay más que ver a los miembros del actual Gobierno, problema que se acentúa en una situación de emergencia como la actual. A ello le unen una falta absoluta de solidaridad, con aquellos que no son sus potenciales votantes, o con los españoles de otros territorios.

En circunstancias normales, la inexperiencia podría ser paliada con una buena dirección política o intelectual. Un nuevo Gobierno, en circunstancias normales, podría estar basado en personas de poca experiencia, a condición de que tuvieran un Programa Político y un apoyo consistente de intelectuales o expertos; es decir, cuando tienen un Plan o Proyecto nacional bien construido. Evidentemente, este no es el caso. 

De ahí la necesidad urgente de un Gobierno de emergencia nacional, basado en personas con capacidad para llevar a cabo este Proyecto post crisis, y reunir en torno suyo a lo mejor de la sociedad.

Las virtudes más necesarias en este momento, especialmente en el Gobierno, deberían ser la competencia personal, la honradez, la altura de miras, el patriotismo y la solidaridad.

Julio García de Durango

Estudioso desde siempre de temas ambientales, políticos y económicos; dedicado a renovar nuestro ideario, con la intención de crear un proyecto sugestivo para la España del siglo XXI. Ingeniero Civil. Experto en Planificación y Cost Control. La batalla cultural y de las ideas es permanente, y en ella debemos concentrarnos.

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