Orden y Estado de Derecho

"Es absurdo impedir los escraches y manifestaciones de ciudadanos ante el “casoplón” del vicepresidente Pablo Iglesias y tolerar las agresiones a VOX, el tercer partido político mayoritario del Congreso, cuya actitud democrática y pacífica es incuestionable".

¿Qué es previo el Orden o el Estado de Derecho? La realidad que nos rodea nos manifiesta que el principio del orden es previo a la organización. El gran físico y ateo Stephen Hawking estaría de acuerdo con esta afirmación. La aparición del Universo se fundamentó en cuatro leyes que la Física reconoce como básicas, la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Tras el Big Bang fueron esas leyes, ese orden, los que ordenaron la energía y la materia, si ellas sería el caos. Para los creyentes Dios, y su propio orden interno, fue el que se manifestó en todo el proceso de la creación. Por tanto, el orden es antes que la organización y se manifiesta en el mundo mineral, vegetal y animal que se rige por unas leyes que le dan armonía, también denominada equilibrio ecológico.

Sin embargo, la sociedad humana no ha encontrado aún su equilibrio y sigue en la búsqueda de niveles más altos de armonía. Fue así como se fue creando el llamado Derecho Positivo, es decir las normativas que las sociedades se dan para ordenar su funcionamiento. Cabe recordar el Derecho Romano que se extendió por Europa y por la cuenca del Mediterráneo y que muchas sociedades actuales reconocen como la raíz de su ordenamiento. El poder Legislativo lo emite y lo modifica, el poder Ejecutivo garantiza su cumplimiento y el poder Judicial lo interpreta cuando hay discrepancias sobre su aplicación. 

Socialmente el Estado de Derecho tiene un pilar imprescindible, el respeto a la seguridad jurídica personal y colectiva. De ahí la importancia de que el Ejecutivo cuente con los órganos que garanticen la seguridad interior y exterior. A su vez, el marco de la seguridad jurídica individual y colectiva, tiene un fundamento clave, el respeto al orden público. De nada vale reconocer la propiedad privada, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de movimiento, la libertad de participación, etc si se tolera que se ataquen impunemente estos derechos. Gandhi dijo “Debemos ordenar el caos. Y no tengo duda de que el método mejor y más rápido es implantar la ley del pueblo en vez de la de la turba.” Es ineludible la necesidad del orden público. 

De ahí el gravísimo error que cometió el Ejecutivo de la República española de 1931 cuando, menos de un mes después de tomar el poder, no hizo actuar firmemente a las Fuerzas de Orden Público para impedir, en mayo de 1931, la quema y destrucción de edificios religiosos. Se inhibió y no defendió a quienes estaban protegidos por el principio general de respeto a la propiedad ajena, fuera individual o social como era el caso de las instituciones religiosas.

Posteriormente la Constitución de la República aprobada en diciembre de 1931, a pesar de su contenido no muy favorable al hecho religioso, también conllevaba la existencia de una Ley de Orden Público. Pero el Estado de Derecho sirve de poco si no se le respeta. Más grave aún fue la participación de importantes responsables de partidos políticos en el golpe de Estado de 1934, contra la República, que ocasionó más de 1500 muertos y una enorme destrucción en Asturias y que requirió apelar al Ejército para vencer a ese golpe antidemocrático. También aquí se produjo la quema de edificios religiosos, el ataque a miembros del clero y a personas religiosas. Igualmente, tras las elecciones de 1936, el Gobierno volvió a adoptar una actuación pasiva ante la quema de edificios religiosos, contribuyendo a crear un clima de inseguridad jurídica que dio lugar al golpe de Estado de los generales Mola y Franco. En suma, tolerar el desorden abre las puertas a la catástrofe. Es por ello que los Estados tienen Policía y Ejército, que ponen a las órdenes del Ejecutivo. 

No cabe quedarse en meros gestos de imagen, como la creación de la figura del delito de odio, y dejar fuera de su marco delitos sociopolíticos, como fueron el de Alsasua o los escraches y la persecución que está experimentando VOX, en la campaña electoral catalana, todo lo cual tiene como finalidad atemorizar a su electorado, dificultar que pueda tener interventores o apoderados en los colegios electorales e impedir que pueda hacer campaña.

Todas las instituciones públicas que toleran estos desmanes deberían dimitir si no son capaces de mantener el Orden que reclama el Estado de Derecho. Es absurdo impedir los escraches y manifestaciones de ciudadanos ante el “casoplón” del vicepresidente Pablo Iglesias y tolerar las agresiones a VOX, el tercer partido político mayoritario del Congreso, cuya actitud democrática y pacífica es incuestionable, mientras que, a tenor de los hechos, no es la misma la actitud de varios partidos que apoyan al Gobierno del presidente Sánchez.

A tenor de esta pasividad, que viola el orden público, y que muchos medios ocultan, o pretenden ignorar, llegará un momento en que habrá que plantearse el pedir apoyo al Tribunal de Justicia Europeo, contra esta violación de derechos.

Parecía que el PSOE tras la transición había tomado otra vía, renunciando a su marxismo revolucionario tradicional, pero el silencio de sus militantes ante la violencia que se está ejerciendo contra VOX no es de recibo. Hay independentistas catalanes que no lo eran hace cincuenta años y tampoco hace veinte, y que dudaban sobre si llevar a sus hijos a la universidad de Zaragoza para evitar que perdieran el conocimiento del español castellano. Sin embargo ahora callan ante las coacciones contra VOX porque, a fin de cuentas y por la vía que sea, parece que optan por la independencia. 

Abrir las puertas al desorden es una actitud antidemocrática y además muy peligrosa. Es propia de quienes siguen pensando que lo principal es tener un enemigo al que atacar, lo que de paso les facilita colocarse en chiringuitos y presentarse como víctimas. A todos ellos hay que decirles que están equivocados. A los que pretenden remontarse, de forma sesgada, a 1714, a Felipe V, hay que decirles que se remonten a 1492, e incluso al periodo de la Reconquista cristiana, y más atrás, a los reinos visigodos y al imperio Romano y a la Hispania Romana. Si quieren historia ahí la tienen.

Los que defendemos la esencia de nuestro marco constitucional y nuestra realidad histórica íntegra, lo que debemos anhelar en primer lugar es hacer de España un país democrático modelo, escrupuloso defensor del orden público, en lo personal, “okupación”, y en lo social, España patria de todos. Queremos una España de justicia, libertad y fraternidad que mire hacia el pasado con objetividad y que se admire de lo bueno que hemos hecho, de nuestras raíces históricas por el mundo. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer, es garantizar la convivencia democrática, no la mera coexistencia, hacer una nación modelo para el mundo, en libertad plena y con una gran visión social. Lamentablemente eso no podrá hacerse con gobernantes, partidos, instituciones y medios de comunicación que no exijan y promuevan el Orden dentro del Estado de Derecho.

Enrique Miguel Sánchez Motos

Administrador Civil del Estado

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

nueve + once =

Botón volver arriba
bitcoin blender, bitcoin mixer, cryptomixer