Olona responde a la alcaldesa de Salobreña con una denuncia por prevaricación
La aspirante de Vox a la presidencia de la Junta, Macarena Olona, ha presentado este lunes frente a la Guardia Civil de Salobreña una demanda contra la alcaldesa de este ayuntamiento de la Costa de Granada, María Eugenia Rufino (Partido Socialista), por posible delito electoral, prevaricación administrativa y vulneración de derechos esenciales.
El Municipio de Salobreña ha empezado un procedimiento de baja de oficio por el empadronamiento de Olona en la localidad, y, por su lado, la Junta Electoral de Granada ha rechazado la petición presentada por la alianza Andaluces Levantaos contra la candidatura de Vox, que encabeza la propia Olona, al estimar que no existe «obstáculo legal alguno» para su proclamación.
Conforme ha informado Vox en un comunicado, con la demanda Olona pretende probar que las que considera «actuaciones caciquiles» del Gobierno contra su persona y su capacitación política no quedarán «sin contestación». Olona responsabiliza al Gobierno central de lo sucedido y denuncia que se vulneran sus derechos fundamentales de libre residencia y participación política, consagrados en los artículos 19 y 23 de la Constitución.
En el escrito presentado se describe de qué forma se habría vulnerado la privacidad de Olona, «Un aspecto que no ha importado ni al Municipio de Salobreña, ni a su alcaldesa, quienes han actuado movidos por intereses de tipo político», ha indicado.
En la demanda se hace constar que la regidora habría «usado torticeramente» las instituciones y potestades públicas municipales para dañar gravemente la imagen, la honorabilidad y la candidatura de la aspirante a presidir de la comunidad andaluza.
Además de esto, se trataría de privar a Macarena Olona de un derecho esencial, su derecho de voto, reconocido en la Constitución de España, puesto que su baja en el padrón municipal comportaría la imposibilidad de participar en las próximas elecciones autonómicas andaluzas del diecinueve de junio, y asimismo se limitaría su derecho esencial a la libertad de vivienda.
«La alcaldesa denunciada no puede excusarse en la falta de conocimiento de la normativa aplicable a la regulación del empadronamiento, y protección de datos, que supone una flagrante infracción de reglas de seguridad que pone de verdad riesgo la seguridad personal de la aspirante», ha señalado.
Vox ha recordado los razonamientos esgrimidos en la resolución dictada este lunes por la Junta Electoral de Granada, que ha avalado la «absoluta legalidad» de la actuación de la aspirante. «Cualquier obstáculo al reconocimiento de otra situación que la de la legalidad del empadronamiento supone una transgresión de derechos esenciales por la parte de sus promotores, aparte de actos delictivos», han advertido.
En los argumentos jurídicos, VOX apunta a la vulneración de un derecho fundamental, el de participación política.
Este era uno de los motivos que los expertos en derecho electoral esgrimían para justificar que es difícil que el proceso de baja iniciado por el Ayuntamiento pudiera acabar con Olona fuera de las listas. Lo mismo ocurre con la denuncia interpuesta por Andaluces Levantaos ante la Junta Electoral Provincial de Granada. Este organismo, finalmente, ha desestimado la petición de la coalición andalucista de sacar a Olona de las listas de Vox por considerar que su empadronamiento, a pesar de estar en revisión, es firme hasta que finalice el procedimiento.
Lo peor está por llegar
El líder de VOX, Santiago Abascal, advertía que la decisión de la Junta Electoral de Granada a favor de Olona era la primera victoria a la lluvia de boicots y ataques que prevén sufrirán a lo largo de la candidatura.
A través de su cuenta de Twitter, Abascal advierte: “Hasta aquí ha llegado el primer intento de populares y socialistas por silenciar el mensaje de VOX”, pero admite que se teme lo peor: “Según avance la campaña habrá más, y algunos serán violentos. Van a intentarlo todo con tal de evitar el cambio real”.
