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Movimiento por España denuncia a José Félix Tezanos ante la Fiscalía de Madrid

Acusa al director del CIS de tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos

En nombre de los miles de españoles que se adhieren a Movimiento por España, su líder, Pilar Gutiérrez, ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Madrid una denuncia contra el director del CIS por sus reiteradas manipulaciones de las encuestas del citado centro estatal y su uso espúreo de las mismas para promocionar al PSOE.

Se trataría de un presunto delito de la mayor gravedad, dado que en las anteriores elecciones generales resultaron ser profecías autocumplidas y en las municipales/autonómicas/europeas fueron la base de los simulacros que se realizaron por la empresa Scytel, incidiendo también, sospechosamente, en los resultados.

En previsión de que pudiera repetirse la muy sospechosa relación entre las encuestas del Sr. Tezanos y los resultados de las elecciones del 10-N, la líder de Movimiento por España ha presentado esta denuncia para llamar también la atención de la opinión pública ante esta eventualidad, a la vez que denunciara la Fiscalía los graves delitos que pudiera haber cometido, como son tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Contenido de la denuncia:

 

A LA FISCALÍA PROVINCIAL DE MADRID

 

Doña Pilar Gutiérrez Vallejo, (…) Ante el Ministerio Fiscal al que me dirijo respetuosamente comparezco y como mejor proceda en Derecho

DIGO:

Que el artículo 259 LECrim dispone que: “El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal, o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare”.

Con lo que, por medio del presente escrito, al amparo del meritado artículo vengo a formular DENUNCIA contra DON JOSE FELIX TEZANOS, como director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), por si los hechos que se relatarán infra pudieran ser subsumibles en un delito de TRÁFICO DE INFLUENCIAS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y FALSEDAD DOCUMENTAL sin perjuicio de cualquier otra calificación jurídica:

HECHOS

 

PRIMERO. – Que Don José FelixTezanos es militante del PSOE, y ha utilizado su cargo público con fines partidistas y electorales, intentando influir en la opinión pública, manejando recurrentemente encuestas sumamente sesgadas y cocinadas –e incluso inventadas─, con el propósito de presentar a unos u otros partidos como más fuertes y apoyados, y con más o menos posibilidades de convertirse en alternativas de gobierno; intentando generar o bien corrientes de “voto útil”, o bien divergencias orientadas a fragmentar el voto a un lado u otro del espectro político.

 

SEGUNDO. – Que todo lo anterior está además sufragado con dinero público, gasto que implica la puesta en marcha de estudios con miles de entrevistas, barómetros, etc…,

Que el denunciante, en su afán de manipulación, ha llegado incluso hasta a incluir preguntas «fake», como por ejemplo en el barómetro de julio. «¿Cree usted que habría que reformar la Constitución española, para prescindir del requisito de la mayoría absoluta, para elegir el presidente del Gobierno en el Parlamento español?», pregunta. El 43,7% de los encuestados aseguró que sí habría que eliminar ese requisito de la Carta Magna. Un 31% dijo que no. La controversia llegó cuando desde muy diversos ámbitos advirtieron a Tezanos de que ese requisito legal por el que preguntó, el de la mayoría absoluta para ser investido presidente, no existe.

 

TERCERO. – MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS.

Que con el objetivo de que el partido al que pertenece el denunciado, el PSOE, gane las elecciones, de forma reiterada ha utilizado el CIS con fines electoralistas, sufragando todo ello con dinero público, y desviando los fondos adjudicados al CIS para emplearlos en hacer campaña electoral al PSOE.

El delito de malversación de fondos está tipificado en el artículo 433 del Código Penal: La autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años.

Según la Sentencia del Tribunal Supremo de 27-9-91: “La malversación de caudales públicos supone una infracción de evidente trascendencia patrimonial que sin embargo en más de una ocasión se ha movido dentro de la mayor confusión cuando no del desconcierto que su propia naturaleza jurídica comporta.

Aunque se ha llegado a definirla como un delito contra la propiedad cualificado por el abuso de confianza estatal, finalmente se ha impuesto su consideración autónoma e independiente, desligado de otras infracciones punibles.

Contemplándose el patrimonio a la luz de una función puramente administrativa, tampoco cabe duda que el objetivo perseguido con su sanción es la protección de bienes jurídicos diferentes. Son los diversos intereses económicos de las Administraciones Públicas, o entes públicos, lo que prima cuando de estudiar la malversación se trata.

La dinámica de las distintas modalidades de la malversación, y se es consciente de que no es este marco judicial el más adecuado para una exposición exhaustiva del tema, se desenvuelve a través A) de un sujeto activo como funcionario público, con la salvedad que para los particulares establece el artículo 399 del Código, B) de un objeto material constituido por los caudales o efectos públicos en el sentido de bienes susceptibles de apreciación económica, si bien este elemento constitutivo del tipo se ha prestado a múltiples interpretaciones precisamente por la amplitud con que tal expresión puede ser concebida, y C) de la exigencia final de que el funcionario público tenga a su cargo o a su disposición por razón de sus funciones los caudales o efectos sustraídos, o que sea administrador o tenedor de los mismos; cuestión ésta también llena de controversias por las connotaciones que con otras figuras delictivas (hurto y apropiación indebida) pueden darse, por lo que en alguna ocasión se ha añadido, para la perfecta configuración de la malversación, la concurrencia de inexcusables deberes de conservación, custodia y aplicación de los fondos a fines específicos determinados.

En este caso se trata de un funcionario público, de los fondos destinados al CIS para la realización de encuestas, barómetros, etc y de que el denunciado ha puesto lo anterior al servicio de un determinado partido político en detrimento de los demás, invocando, entre otras cosas la necesidad del “voto útil” al “bipartidismo”.

Pero es aún más definitoria la Sentencia de 21-6-90: “CUARTO.-El segundo motivo busca su asiento procesal en el artículo 849.1.º, de la L.E.Cr., al decirse haberse cometido infracción por indebida aplicación del artículo 394, número 2.º, del C.P. por no darse el delito de malversación. Los diversos tipos legales de malversación propia de caudales públicos ofrecen como denominador común, expresión o traducción de la naturaleza jurídica que les aglutina y unifica, la afección general a los intereses patrimoniales del Estado o de los demás entes públicos, al patrimonio público. Sin que puedan asimilarse técnicamente a los delitos contra la propiedad, en tanto en cuanto el bien jurídico a que se provee radica en el especial cuidado y atención que han de merecer los fondos públicos, sustrato necesario para la prestación de los servicios asumidos por los poderes públicos, tratándose de evitar una desviación de finalidades que afectaría gravemente al buen orden y eficiencia de aquéllos; siempre que la iniciativa infractora provenga de personas a quienes se halla encomendada la gestión de aquellos bienes o efectos, traicionando fundamentales deberes de lealtad, probidad y fidelidad inherentes a la función pública. La Sentencia de 15 de enero de 1974 (RJ 1974\207) alude, como nota característica de la malversación, a la desleal e innoble apetencia de los servidores de aquella función, a los que habiéndose concedido soberanía de poder, burlan la confianza en ellos depositada. La Sentencia del T.C. de 25 de mayo de 1986 señala como nota predominante de la malversación propia la violación de un deber personal de fidelidad respecto del Estado, resaltando la mayor protección dispensada por el legislador a los bienes públicos, en razón a los intereses generales afectados.

Como presupuestos integrantes de la figura de malversación propia acogida en el artículo 394 del Código Penal, han de precisarse: a) El elemento subjetivo determinado por la cualidad de funcionario público del agente, concepto suministrado por el artículo 119 del Código Penal, proclive a un criterio de amplitud, de perfiles más amplios que el prevalente en el orden estrictamente administrativo, bastando, a efectos penales, con la participación legítima del sujeto en el ejercicio de una función pública. b) Elemento objetivo, traducido en una realidad dispositiva de los caudales o efectos, facultad decisoria jurídica o detentación material de los mismos, es decir, poder del funcionario sobre el destino de los bienes, ya sea de derecho o de hecho, con tal, en el primer caso, de que, en aplicación de sus facultades competenciales, pueda traducir la originaria potestad de control o custodia en una efectiva disponibilidad material. c) Los caudales o efectos han de gozar de la consideración de públicos, carácter que les es reconocido por su pertenencia a los bienes propios de la Administración, adscripción producida a partir de la recepción de aquéllos por funcionario legitimado, sin que se precise su efectiva incorporación al erario público, siempre subordinada a trámites dilatorios, al actuar el Estado u organismo público a través de la persona encargada para ello que, como mandataria del ente jurídico y mero servidor de la posesión, es simplemente instrumento perceptor y trasmisor, suponiéndose integrados los bienes en el patrimonio público a partir de que aquélla se hiciere cargo de los mismos; los caudales cobran naturaleza pública tanto cuando de un modo efectivo pasan a incorporarse al patrimonio público, tras el cumplimiento de las formalidades prescritas, como cuando, percibidos por el funcionario, surge en el ente el derecho expectante a su entrega y real ingreso en las arcas públicas. d) Dinámica consistente en una actividad de apropiación definitiva de los efectos o dinero, «sustrayendo» o «consintiendo que otro sustraiga» los mismos sustracción equivalente a apropiación sin ánimo de reintegro, apartando los bienes de su destino o desviándolos del servicio, haciéndolos suyos o permitiendo que otros lo hagan, no exigiéndose aunque normalmente le acompañe un ánimo de lucro, a diferencia de los delitos contra la propiedad en los que su antijuridicidad se halla condicionada por tal elemento subjetivo; suponiendo la segunda modalidad un delito de comisión por omisión en el que la imputación radica en la infracción del deber de impedir que un extraño atente a los caudales custodiados, apropiándose de los mismos -Cfr. Sentencias de 6 de marzo de 1981 (RJ 1981\1086), 6 de junio de 1986 ( RJ 1986\3114 ) y 29 de febrero de 1988 (RJ 1988\1354)-.

En este caso también se dan los cuatro requisitos señalados anteriormente:

  • El denunciado es funcionario público.
  • Como PRESIDENTE del CIS decide el destino de los fondos públicos a dicha entidad destinados.
  • Efectivamente se trata de fondos públicos.
  • Evidentemente ha desviado la labor del CIS, de arrojar datos fiables y objetivos sobre la intención de voto de los españoles, para ponerlos al servicio del partido político en el que milita, del PSOE.

 

CUARTO. – TRÁFICO DE INFLUENCIAS.

El denunciado ha publicado encuestas a la medida de Pedro Sánchez, cambiando el sistema de estimación de votos cuando así le convenía al presidente en funciones e incluyendo preguntas que favorecían un clima de opinión favorable al líder del PSOE.

En virtud de lo anterior, sin duda ha utilizado su cargo para favorecer al PSOE, y con ello su posición de poder y privilegios, cometiendo un delito de tráfico de influencias de forma pública y flagrante.

El artículo 428 del Código Penal establece: “El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior”.

Es notorio que el legislador ha querido perseguir los hechos descritos, y además los ha querido sancionar de manera clara por lo perjudicial para la convivencia social, para la libre competencia y para el tráfico mercantil y comercial en general, penalizando el enriquecimiento abyecto que se hace a costa del dinero de los contribuyentes.

 

QUINTO. – FALSEDAD DOCUMENTAL.

Que el denunciado ha sobredimensionado los votantes socialistas el pasado 28 de abril en 3 millones, de 7’5 millones a 10’9 millones, en porcentaje, de un 20’4% a un 29’5%. En términos absolutos, han entrevistado a 2.711 votantes socialistas, en lugar de 1.875, como deberían haber hecho, si hubieran guardado la proporción.

Pero no sólo ha manipulado Tezanos con el voto, sino también con las abstenciones, pues ha contabilizado a 5 millones de abstencionistas, cuando en realidad fueron 10 millones.

Por lo tanto, el denunciado habría manipulado documentalmente los datos señalados ut supra, faltando a la verdad en la narración de los hechos y falseando la intervención de personas (votantes) que no la han tenido o no han existido, cometiendo por lo tanto un delito de falsedad documental recogido en el artículo 390.3º y 4º.

El artículo 390 del Código Penal señala el delito de falsedad documental:1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad: 1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. 2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad. 3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho. 4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.

 

POR TODO LO CUAL, SUPLICO AL MINISTERIO FISCAL: Que tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga por presentada DENUNCIA, por considerar que los hechos anteriormente descritos pueden constituir DELITOS DE MALVERSACIÓN DE FONDOS, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y FALSEDAD DOCUMENTAL , sin perjuicio de la calificación jurídica que pueda resultar tras la investigación de los hechos.

Redacción

Digital de Información y Opinión de derecha

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