Ley de defensa de la mentira

El 22 de octubre de 1931, el recién estrenado gobierno de la Segunda República publicó en la Gaceta de Madrid un Decreto-Ley que fue llamado “Ley de defensa de la República”

En virtud de esta ley se clausuraron periódicos, se secuestraron ediciones, se multó desproporcionadamente a medios de comunicación escrita impidiendo que difundieran la VERDAD entre la población española.

En el artículo primero se dice:

«Son actos de agresión a la República y quedan sometidos a la presente Ley: III. La difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar: la paz o el orden público. IV. La comisión de actos de violencia contra personas, cosas o propiedades, por motivos religiosos, políticos o sociales, o la incitación a cometerlos.»

Durante los cinco años de la República los desmanes de los votantes de izquierda no cesaron de quemar iglesias, periódicos y centros políticos, naturalmente, adversos a su ideología. No solo nunca fueron detenidos aplicando dicha ley sino que los propios políticos que la habían creado, alentaban a los líderes de las masas a que actuaran violando dicha ley en su favor.

Cuando a Azaña se le preguntó si el Gobierno de la República no debiera actuar sobre los incesantes incendios de iglesias y conventos en mayo de 1931 respondió: ««Todos los conventos e iglesias de Madrid no valen la vida de un republicano”. Con esta frase abrió la puerta al terrorismo ideológico que caracterizó a la Segunda república, cobijándolo bajo la protección de un gobierno profundamente antidemocrático. Con esta frase nació la sangrienta República izquierdosa. Pudo haber sido una República democrática, pero no lo quisieron así los políticos; creían que si fomentaban el odio entre los votantes, la victoria estaba asegurada: hasta en eso se equivocaron.

En otro artículo de dicha Ley se dice:

«V. Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones u organismos del Estado. VI. La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su  representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras.

Con el artículo V, esta ley, la Segunda República destruyó sin miramientos la anhelada por todos “Libertad de Expresión”, base inalienable de cualquier sistema democrático.

No existió en ningún país democrático europeo una Ley similar hasta que llegó Hitler al poder en Alemania. Actualmente, sí existen leyes parecidas en Cuba, Venezuela, Corea, China, etc.

En un país democrático uno puede ser monárquico y otro puede ser republicano, uno puede ser de derechas y otro de izquierdas, uno puede ser católico y otro agnóstico, pero, pretender suprimir alguna de estas posibilidades en un sistema democrático nos conduce a la dictadura más repugnante que pueda existir: aquella dictadura disfrazada de Democracia.

En el artículo tercero de esta Ley de Defensa de la República de Azaña se sigue diciendo:

« Articulo 3. El Ministro de la Gobernación queda facultado: I. Para suspender las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, religioso o social, cuando por  las circunstancias de su convocatoria sea presumible que su celebración pueda perturbar la paz pública. II. Para clausurar los Centros o Asociaciones»

Echando mano de este artículo algunos alcaldes durante la República prohibieron, por ejemplo, el paso por las calles de procesiones religiosas, pero consintieron manifestaciones ideológicas y violentas; la estupidez llegó a tal punto que llegaron a cobrar a los curas por el tañido de las campanas.

«Con la noticia del secuestro de Calvo Sotelo por un destacamento de la Guardia de Asalto a las órdenes del ministro de la Gobernación, y de la aparición del cadáver en la puerta del Cementerio del Este con un tiro de bala en la nuca, llegó a la redacción del periódico La Época, el lunes 13 de julio de 1936 por la mañana, la orden terminante del Gabinete de censura: prohibido terminantemente el empleo de la palabra asesinato, así como cualquier otro comentario sobre el suceso. Solo podría darse la noticia escueta noticia del «fallecimiento» del señor Calvo Sotelo.» (Marqués de Valdeiglesias, propietario del periódico).

Tal vez para la señora Calvo/a decir que Calvo Sotelo político español de derechas, fue «asesinado», debería considerarse actualmente una «fake new» que podría publicarse con un poquito de maquillaje.

Me gusta insistir en que no perdure por más tiempo la maliciosa confusión de que todo esto se produjo en la guerra civil. Debemos afirmar con contundencia para que lo sepan todos los estudiantes, que todo esto se produjo DURANTE la República, aunque quieran hacernos creer que fue durante la guerra. Toda guerra tiene una causa. Nadie inicia una guerra contra un «paraíso» y mucho menos si con ello se arriesga a perder su prestigio, sus comodidades, sus bienes, su sueldo, la tranquilidad de sus familias e incluso la propia vida.

El MINISTERIO DE LA VERDAD no es más que la plasmación de esa tendencia dictatorial que tienen los de izquierdas a acallar cualquier voz disonante con su discurso. Discurso único, partido único, represión a los disidentes, represalias sobre los divulgadores de opiniones distintas o de «Verdades» incómodas para el gobierno.

Dice la ministra Calvo/a, para justificar la imposición a los españoles de esta Ley sectaria y vergonzosa, que es «uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas”. Personalmente creo que dicha afirmación es en sí misma una «fake new» paradigmática, y por esa razón debería ser perseguida y penalizada.

Al parecer, no soy el único que desconfía de la bondad  de esta Ley porque a los pocos días de publicada en el BOE, ya se ha manifestado: Johannes Bahrke, uno de los portavoces de la Comisión Europea, ha dicho que “se mantendrán atentos a lo que pretende implantar Pedro Sánchez sobre los españoles y se mantendrán “vigilantes”.

La Ley fue creada a nivel europeo para protegerse de ataques de países terceros como Rusia o China, pero el Sr. Sánchez la ha aplicado, como haciéndose el tonto, para controlar lo que dicen los españoles.

Si esta ley se hubiese implantado tras el advenimiento de la alocada república sanchista nada sabríamos del incidente de los cuatro geos ante la embajada de México en Bolivia el 29 de diciembre de 2019 (que por cierto, todavía nadie ha explicado), o del asunto de las cuarenta maletas de la «delcy» venezolana y el ministro español Ábalos en febrero de 2020, o de la irregular compra de material sanitario o del asunto Pablo Iglesias-Dina, o del dinero cobrado por Podemos delictivamente, o de los pactos con Bildu, o de las concesiones a ERC, etc.

Sinceramente, no me asusta lo que sé, me aterroriza más lo que no sé.