Lágrimas de un “perrito sin alma”

Es evidente que la epidemia del covid19 no se supo ver, que cuando se vio no se quiso ver y que cuando definitivamente se tuvo que actuar ya era tarde y posiblemente a cualquiera le hubiera tomado desprevenido y las medidas que se adoptaron no fueron las adecuadas.

Cuando se adoptó el estado de alarma se hizo para recluir a la población para evitar la infestación, pero junto con esas medidas, aprovechando la urgencia, se adoptaron medidas manifiestamente innecesarias como la opacidad del portal de transparencia con el que actuar sin control (tras la recuperación de la normalidad aún no se ha explicado la actuación realizada “en oscuro”) con compras en el extranjero, en metálico y sin la debida justificación ni la ulterior declaración sobre las mismas, el uso indebido de fondos destinados a los medios de comunicación, el desarrollo legislativo con vulneración de la estructura normativa y una montaña de actuaciones que en modo alguno afectaban al aspecto sanitario.

De este modo, el estado de emergencia sanitaria que debiera de ser el objeto y única aplicación del estado de alarma, se superó ampliamente para desarrollar la limitación de libertades, dentro de la legalidad, pero superando las necesidades y causas de aplicación del mismo de forma manifiesta y exagerada.

Pues bien, con un gobierno noqueado, corriendo como pollo sin cabeza, superado por la situación y aprovechando la misma para sacar rédito político, económico y social, se podría haber entendido, o al menos justificado, la misma; pero, una vez superada la primera fase de impacto, el gobierno del estado y, en menor medida también el de las comunidades autónomas, debió de comenzar un proceso de estudio, evaluación y desarrollo de planes de actuación en los aspectos jurídicos que permitieran intervenciones y actuaciones ágiles sin necesidad de futuros estados de alarma, la actuación rápida de instrumentos legales de aplicación en caso de rebrotes de la covid19 y, sobre todo, que dieran seguridad jurídica a la ciudadanía, lo que evidentemente debería de implementarse sobre la base de apoyos fiscales, con una reducción impositiva que permitiese a las empresas mantener el empleo, la actividad y la opción de una reapertura, apoyos reales a los pequeños empresarios, autónomos y ciudadanos en general, con los que poder sobrevivir al proceso de hundimiento económico que esto producía.

Se debería de proceder a estudiar las opciones, modos y circunstancias de la reapertura económica y social, los modelos a utilizar permitiendo la actividad, la normalidad, a la par que se diseñen formas de seguridad sanitaria y de relación interpersonal que permitan una actuación lo más normalizada posible, sin olvidar que en el aspecto sanitario se debería de fortalecer no sólo las plantillas, los servicios, sino la acción directa del profesional con los pacientes y encontrarse debidamente abastecidos de material.

Debía de haberse aprovechado para explicar a los ciudadanos las formas de actuar, las medidas a llevar a cabo y la colaboración que la lucha contra el virus se precisa

Pues bien, nada de esto se hizo mientras estábamos encarcelados, prueba de ello es que la sanidad no tiene planes de acción, en la educación los ha debido de elaborar los profesionales a pocos días del principio de curso, seguimos sin aplicar criterios claros y precisos con referencia a las posibles limitaciones de actividad y circulación, pero se usan políticamente los poderes para presionar y someter al gobierno de la comunidad autónoma de Madrid, tras haber pasado por situaciones similares en Cataluña y haber mirado a otro lado, en Navarra y no actuar, etc.

Pero lo grave es que nada de esto se hizo, se finalizó el estado de alarma, se fue de vacaciones hasta el presidente del gobierno y nadie, pero nadie, se dedicó a hacer planes, hasta el punto de que seguimos sin tener un plan de prevención de riesgos nacional, como tiene cualquier empresa y del que, por su falta, el empresario responde incluso penalmente, para seguir afirmando que “estado de alarma” o “caos”, que provoca crispación en los ciudadanos que se sienten indefensos y objeto de manipulación de unos y otros, para seguir jugando al juego en el que la vida de los ciudadanos es el naipe, la apuesta, y la ganancia o pérdida que sólo beneficia a los políticos que juegan.

Es vergonzoso que se realicen disputas sobre la corona, sobre la “desmemoria democrática”, sobre la paralización de Madrid, sobre la moción de censura de 50 diputados, pero nadie, absolutamente nadie se dedique a trabajar en la salvación de los ciudadanos.

Enrique de Santiago Herrero

Abogado. Máster en Ciencia Política. Diploma de estudios avanzados en Derecho Civil Patrimonial. Derecho penal de la empresa. Colaborador y articulista en diversos medios de comunicación escrita, radio y televisión.

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