La Fiscalía pide 25 años de cárcel para Junqueras y entre 7 y 16 para el resto de acusados
También se pide que no se pueda otorgar el tercer grado penitenciario hasta el momento en que el condenado cumpla la mitad de la pena.
Tras 4 meses y cuarenta y nueve sesiones del juicio del procés, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado sus conclusiones y sus solicitudes de condena para los líderes independentistas.
La mayor pena solicitada es para como ya había el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; para quien solicita 25 años de cárcel por un delito de rebelión.
En un escrito de ciento treinta páginas presentado este miércoles, el Ministerio Fiscal sostiene su petición inicial de penas para los otros 8 procesados por un delito de rebelión. Esto es, solicita 16 años de cárcel por los delitos de rebelión y malversación para los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa.
Para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los 4 fiscales solicitan diecisiete años de prisión. En el caso de Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila, la pena se queda en 7 años.
El ministerio público solo ha cambiado una cuestión de su escrito inicial a fin de que se aplique el artículo trescientos sesenta y dos del Código Penal que hace referencia a que la pena de cárcel va a tener una duración mínima de 3 meses y máxima de veinte años, salvo salvedades.
También se establece que no se va a poder otorgar el tercer grado penitenciario hasta el momento en que el condenado cumpla la mitad de la pena.
A juicio del ministerio público, entre el asedio a la Consejería de Economía (diecinueve-veinte de septiembre) y el veintisiete de octubre, la situación fue «meridianamente insurreccional«. En su escrito, los fiscales han asegurado que los acusados «dirigieron, fomentaron y/o participaron activamente en la ejecución de una estrategia -a la que llamaron el procés- a la perfección planeada, concertada y organizada«.
La pretensión de aquella estrategia, conforme ha sostenido el ministerio público en su acusación, era «fracturar el orden constitucional con la pretensión de lograr la independencia de la Comunidad de Autónoma de Cataluña como nuevo Estado con forma de República, segregándola de esta forma del Reino de España».
Los 4 fiscales han subrayado que los más o menos «ochenta incidentes con enfrentamientos y hostilidades que se generaron en los diferentes centros de votación frente a la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado» a lo largo del 1 de octubre de dos mil diecisiete deben sumarse a los cuarenta y siete actos de acoso en cuarteles de la Guarda Civil, los veintitres actos afines en comisarias de Policía y edificios públicos del Estado, los once en alojamientos y hoteles de funcionarios policiales, los cuarenta y siete ataques a sedes del PSC y los «graves incidentes que se generaron los días diecinueve y veinte de Septiembre».
Mantiene también la Fiscalía, que el plan que habían tramado los líderes independentistas sentados en el banquillo consistía en «orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria», como «impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales» con el propósito último de la creación de la república catalana.
A lo largo de la sesión de este miércoles, la Abogacía del Estado asimismo ha reafirmado su acusación. Ha mantenido la solicitud de doce años de cárcel para Junqueras por los delitos de sublevación y malversación. Para Forcadell, solicita diez años; y para Sánchez y Cuixart, 8.
Además, ha decidido sostener íntegra su petición de once años y medio para los exconsejeros Turull, Forn, Rull, Romeva y Bassa por los delitos de sublevación y malversación; y la de 7 años para Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs por malversación y desobediencia.
El cambio de VOX
La acusación popular ejercida por Vox ha retirado su solicitud de pena de organización criminal y malversación para el exconsejero Santiago Vila y lo deja en desobediencia, que no acarrea pena de prisión.
