La economía española. Nuevos paradigmas

Llevamos muchos años de fracaso económico en España. La mala gestión de los sucesivos gobiernos de todos los colores nos está llevando a un estado de postración, y para salir de él necesitamos replantearnos urgentemente los criterios que se han utilizado en las políticas económicas de las últimas décadas. Aparte de circunstancias contingentes (COVID, guerra de Ucrania), se llevan aceptando implícitamente desde hace mucho tiempo una serie de “dogmas” o paradigmas que nos han conducido a la situación actual.

Sin entrar en otros aspectos de política general, intentaremos elaborar una propuesta de Nuevos Paradigmas en los temas económicos, como una parte de la solución de los problemas de España:

CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN

Hay varios artículos de la Constitución que los Gobiernos de España llevan incumpliendo sistemáticamente: El derecho de todos los españoles a un trabajo digno (Art. 35) y al pleno empleo (Art. 40); a una vivienda digna y adecuada (Art. 47); a una jubilación suficiente para vivir con dignidad (Art 50); ” la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía” (Art. 130). Las cifras están al alcance de cualquiera.

Llama la atención especialmente el Art.31, que dice que”…en ningún caso los impuestos tendrán alcance confiscatorio”. Nadie ha definido en qué consiste un impuesto confiscatorio, salvo una sentencia del Tribunal Constitucional que define como confiscatorio un impuesto que suponga más del 100 % de la base imponible (sic). Haciendo abstracción de semejante “criterio”, los Tribunales Constitucionales de Alemania y Francia definen como confiscatorio un impuesto (la suma de varios) superior al 50 % de la base a tributar. Desde nuestro punto de vista, si más del 50% es confiscatorio para rentas altas o muy altas, se podría considerar confiscatorio un porcentaje menor para rentas medias o bajas. Hablamos del conjunto de impuestos que paga cada español (la suma de IRPF, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones, IVA, IBI, y un larguísimo etc. de impuestos estatales, autonómicos y locales).

También es importante saber lo que no dice la Constitución en ningún caso: NO obliga a mantener con dinero público a los partidos, sindicatos, patronales, ni a organizaciones de carácter ideológico. Incluso, más aún: NO hay ningún artículo constitucional que propugne o defienda la llamada ”discriminación positiva”; antes bien, al contrario, la Constitución establece nítidamente un mandato de búsqueda de la igualdad, sin privilegiar económicamente a grupos ideológicos de ningún tipo. Por ello, no hay nada anticonstitucional en reducir al máximo o suprimir tales subvenciones. Y los titulares de derechos son los españoles. No existe ninguna obligación constitucional de dar subvenciones o ayudas a los no españoles.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

Aquí se detecta uno de los incumplimientos constitucionales más flagrantes. El Art. 135. 1 de la Constitución dice: “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”; y el 135. 2: “…Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.”

El no haber tenido en cuenta este mandato constitucional durante tantos años tiene un coste enorme para los españoles. Décadas de déficit crónico de las cuentas públicas (muy anteriores al COVID) hacen que el gasto actual por intereses de la deuda sea enorme: 31.675 Millones de €, lo que supone un 6,95% del gasto total del Presupuesto de 2021, con un endeudamiento por habitante de 30.157 €.

PRINCIPIOS ÉTICOS

Son básicos los principios de honradez, de transparencia y de austeridad. El Salmo lo explica mejor: “Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles; si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas.”

SOLIDARIDAD Y PATRIOTISMO

Solamente construiremos una España mejor si entendemos el patriotismo como un ejercicio de solidaridad. Si existe un importante sector de españoles en situación de pobreza o en riesgo de estarlo (más del 20%), es nuestra obligación moral definir las mejores políticas para paliar esa situación. Se ve especialmente claro en la cuestión territorial. Va a ser necesario estudiar con rigor la contribución de los distintos territorios al conjunto de España, y equilibrar de una vez las aportaciones de todos.

POLÍTICA COMO SERVICIO

Otro de los dogmas no escritos es el de favorecer sin límites a nuestros “políticos”, incluyendo en ese sector a todos los cargos electos, miembros de equipos de gobiernos y nombramientos digitales. Años de aplicar esta política sin control han propiciado el crecimiento desmesurado de una oligarquía partidista, que se ha incrustado en todos los lugares, y que se ha tratado a sí misma con indulgencia –en sus faltas o delitos-, y con generosidad en sus retribuciones y abundantes nombramientos. Ya es hora de fijar máximos ejemplarizantes en las retribuciones de los cargos públicos, y en el número de los mismos y de sus “asesores”, así como controlar el cumplimiento de este principio. Y pensar en algún sistema que haga imposible la corrupción.

AUDITORÍA PERMANENTE

Nada de lo que aquí se propone sería posible si no propugnásemos un sistema de auditoría permanente, tanto en el aspecto económico (cualquier presupuesto de cualquier ente público), como funcional: analizar con rigor el conjunto de organismos públicos y departamentos, estudiando críticamente su necesidad real y eliminando los innecesarios.

EFICACIA Y EFICIENCIA.

Una de las falacias más admitidas en la defensa de gastos públicos innecesarios es la de defender el “interés social o cultural” de un gasto, aunque cueste una fortuna (pagada con nuestros impuestos), o tenga escasa o nula rentabilidad. Al final, ha servido para crear infinidad de chiringuitos para enchufar a los miembros de la oligarquía partidista. Es sabido por todos que se pueden establecer de forma objetiva criterios de rentabilidad del Gasto Público. Hay muchas subvenciones y muchos organismos inventados. Es importante limitar las ayudas o inversiones sólo a los sectores realmente productivos, con las máximas tasas  de retorno, de utilidad social o económica indiscutible o para sectores críticos o estratégicos de nuestra economía, tales como infraestructuras, energía, equipamientos sociales, o actividades de alta productividad.

Lo mismo sucede con la administración pública. En otro artículo hemos descrito la multiplicidad de organismos con competencias comunes repetidas, en muchas ocasiones hasta quintuplicados. La labor de eliminar competencias redundantes y simplificar todos los procesos administrativos es una tarea improrrogable. Y con muchos “servicios públicos” se puede establecer la forma más idónea de gestionarlos, pública, privada o mixta. Cuanta más libertad se deja a las personas para elegir (sanidad, enseñanza, etc.), son más eficientes las prestaciones.

Igual sucede con la recaudación de impuestos. Es conocida la curva de Laffer, que determina un máximo óptimo de porcentaje recaudatorio a partir del cual se está castigando a la actividad productiva y al talento, e induciendo a residir en otros países para pagar menos impuestos. Difícil de estimar, pero imposible si no se intenta.

CUESTIONAMIENTO DE OLIGARQUÍAS Y LOBBIES.

Cualquier grupo que quiera conseguir privilegios en detrimento de otros aprovechando sus posiciones de poder ha de ser puesto en evidencia.

En su aspecto político, partidos, sindicatos, patronales, lobbies ideológicos o falsamente culturales. Por ello es tan importante evitar que sigan gastando con los impuestos de todos.

Y desde la perspectiva económica, todos aquellos grupos de interés que distorsionan la libre competencia, o se amparan en los poderes públicos para ejercer prácticas oligopolísticas sin permitir la liberalización de los mercados. Muchos grupos (telecomunicaciones, medios de comunicación, los oligopolios televisivos, ayudas a la prensa, etc.) se valen de su cercanía al poder para impedir la libre competencia de otras empresas o para recibir ayudas millonarias a actividades ruinosas.

PROTECCIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.

La globalización, que tiene sus ventajas, olvida la diferencia que hay en la internalización de los costes de empresa de los diferentes países. Por ello, permite sin trabas el “dumping” ambiental, laboral o democrático. Hay países sin libertades, sin normativas laborales o medioambientales, que tienen a trabajadores esclavos, y cuyo coste de sus productos “compite” con los países como el nuestro en los que sí se tienen en cuenta todas estas limitaciones. Es hora ya de entender que sólo puede existir libre competencia si se armonizan las exigencias ambientales, laborales y democráticas de todos los países competidores. Los países comunistas, como China y otros, o islámicos, compiten deslealmente por estar subvencionados por sus Estados y ahorrarse todos esos costes.

Lo mismo sucede con países –incluso europeos, o colonias como Gibraltar- que trabajan de hecho como paraísos fiscales, al permitir bajo cuerda tributaciones bajísimas.

También hay que cuestionar críticamente todos los aspectos de programas que, como la Agenda 2030, han sido aprobados por organismos como la ONU, constituida en su inmensa mayoría por países no democráticos o competidores comerciales directos de España.

CONSULTAR A LOS EXPERTOS Y A LA SOCIEDAD.

Hay que tener la humildad suficiente y el espíritu de apertura adecuada para consultar a los muchos think tanks y organizaciones de expertos existentes, así como a los profesionales en los temas económicos, fiscales o industriales, o de los diversos sectores productivos. Aun con una perspectiva propia, la apertura a los expertos y a la sociedad aumenta exponencialmente el valor añadido y la amplitud de un proyecto político nacional. Los españoles agradecerán que haya ofertas de política económica inspiradas en criterios bien fundados y en las necesidades planteadas por los grupos sociales.

PROYECTO PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

El cortoplacismo, pensar sólo en ganar las elecciones y luego “ya veremos” ha tenido unas consecuencias catastróficas en España. Es necesario definir un Plan Económico detallado a largo plazo, para varias legislaturas. También hay técnicas para hacerlo de forma correcta. Hay que tener la suficiente sinceridad para saber que nuestros problemas no se van a solucionar en una sola legislatura –y decírselo a los españoles-; y la suficiente perspectiva para construir el detalle de una España mejor con políticas económicas estables a medio plazo.

QUIÉN

Hemos hablado de oligarquías, de incumplimientos y dejaciones. Todo ello tiene unos responsables, en las últimas décadas. PSOE, PP, una extrema izquierda con distintos nombres (IU; UP), PNV, y CAT (también en sus diferentes marcas). Todos ellos han antepuesto sus propios intereses, ideológicos y personales, a las necesidades de los españoles.

Una izquierda alternativa a la realmente existente sólo puede presentar en el momento actual proyectos embrionarios, como los jacobinos, pero les queda todavía tiempo para que sus planteamientos tengan éxito (en los que sería posible que aceptasen parte de los paradigmas anteriormente mencionados).

Solamente vemos con capacidad e impulso para cambiar el actual estado de cosas a VOX.

Julio García de Durango

Estudioso desde siempre de temas ambientales, políticos y económicos; dedicado a renovar nuestro ideario, con la intención de crear un proyecto sugestivo para la España del siglo XXI. Ingeniero Civil. Experto en Planificación y Cost Control. La batalla cultural y de las ideas es permanente, y en ella debemos concentrarnos.

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