Irene Montero pretende que a los 16 años se pueda cambiar de sexo oficialmente sin ninguna cortapisa

El borrador de la ley trans que prepara el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, prevé que se puedan alterar datos del Registro Civil, como el nombre y el sexo, sin tener que presentar pruebas médicas o bien sicológicas.

La rectificación registral de la mención del sexo «en ningún caso va a poder estar condicionada a la anterior exhibición de informe médico o sicológico alguno».

El borrador de ley está en fase de negociación con la Vicepresidencia Primera del Gobierno. El texto, que podría sufrir alguna modificación, incluye la reivindicación del colectivo transexual de que no sea preciso someterse a pruebas médicas ni exámenes sicológicos para cambiar los datos del Registro Civil.

«El ejercicio de este derecho en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno, ni la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole, sin perjuicio del derecho de la persona interesada a hacer uso de tales medios».

El Ministerio de Igualdad aspira a empezar la tramitación legislativa de este anteproyecto de ley en la primera quincena de febrero, razón por la que se reunieron la semana pasada la ministra Irene Montero y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

La legislación actual recoge que si una persona desea alterar su nombre y género es preciso presentar ciertos exámenes psicológicos y pruebas médicas en las que se le diagnostique «disforia de género», aparte de haber llevar al menos 2 años en tratamiento hormonal. Una parte del colectivo transexual estima que estos requisitos «patologizan» su condición al presentar la transexualidad como una enfermedad.

La regla prevé incluir a los menores y establece que las personas entre doce y dieciséis años puedan realizar la petición «por medio de sus representantes legales o bien por sí solas con su permiso». Desde los dieciséis años van a tener autonomía para decidir y para los menores de doce años o aquellas personas «con capacidad de obrar cambiada judicialmente» habrán de ser sus representantes legales los que lo pidan.

El texto especifica que la rectificación en el Registro Civil «no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudiesen corresponder a la personas de antemano al cambio» y detalla, particularmente, a los efectos de lo establecido en la Ley Integral contra la Violencia de Género.

El texto incluye medidas en el campo sanitario, educativo, laboral y deportivo y abre la puerta asimismo a que se pueda pedir que no se especifique el sexo en los documentos oficiales de identidad, para atender a quienes no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino.

Entre las posibilidades sanitarias, aparte de los tratamientos hormonales y quirúrgicos, se contempla que «las personas trans con capacidad de gestar» puedan recurrir a las técnicas de reproducción asistida.

El borrador prevé multas de hasta 150.000 euros para sancionar las conductas discriminatorias muy graves. En estas conductas están incluídas las terapias de conversión de la orientación sexual, que quedan prohibidas, así como las cirugías de modificación genital de los bebés intersexuales y da a sus padres un plazo de un año para decidir el sexo con el que registrarlos.

El Gobierno se desmarca del borrador de la ley trans filtrada por Irene Montero

Nuevo desencuentro dentro del Gobierno. A última hora de la tarde de ayer, el Gobierno hizo pública una nota en la que informaba que aún no ha consensuado el borrador y que el texto ha de seguir la «tramitación habitual» en la que participen distintos ministerios, como Justicia y Sanidad. El anteproyecto que se apruebe en el Consejo de Ministros «ha de tener dos principios: seguridad jurídica y calidad normativa». Y se recuerda que la pasada semana tuvo lugar una reunión entre la ministra Montero y la vicepresidenta Calvo para «comenzar» a trabajar en esta materia.