La exhumación de fosas de víctimas de la guerra civil y el franquismo costará más de 200 millones de euros

La exhumación de las fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo tendría un costo para el Estado de más de doscientos millones de euros, conforme los cálculos del ministerio de Justicia.

No existe un censo oficial de víctimas

A pesar de su compromiso de aceptar la busca de los desaparecidos, el Gobierno no dispone de un censo oficial de víctimas, y ni tan siquiera de un mapa de fosas actualizado. Las únicas estimaciones proceden de las asociaciones, como la Asociación para la Restauración de la Memoria Histórica, que cifran los desaparecidos en unas ciento catorce mil personas.

El Gobierno informa de unas dos mil cuatrocientos setenta fosas situadas ya sobre plano, otras cientos que estarían localizadas y muchas otras de las que probablemente todavía no se tiene conocimiento.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció el pasado mes de julio que el Gobierno aceptaría de manera directa la busca de los desaparecidos, unos trabajos que hasta hoy realizaban las asociaciones y familiares de las víctimas.

La primordial complejidad, de entrada, se encuentra en actualizar el mapa de fosas. En Andalucía, por poner un ejemplo, los datos oficiales charlan de setecientos, cuando el mapa del ministerio solo asigna quinientos setenta y seis.

Mapa de fosas. Ministerio de Justicia

 

El costo de cumplir con el compromiso de las exhumaciones es ingente. Unos doscientos treinta millones, por lo menos, considerando el costo de los trabajos en fosas y cunetas y la siguiente identificación, indudablemente, el paso más complejo. Para esto, es preciso crear un banco de ADN de desaparecidos, y someter los restos -muchos, en avanzado estado de deterioro y mezclados-a análisis personalizados.

Según el gobierno, la exhumación de Franco y la recuperación e identificación de los cadáveres de las fosas del Valle de los Caídos no afectará a los presupuestos, cosa harto difícil de creer.

De esta forma consta en la ‘Memoria del análisis del impacto normativo’ que acompaña al texto, elaborada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y también Igualdad y por el Ministerio de Justicia, y en la que se explica que el real decreto-ley, presentado en el mes de agosto, “no tiene impacto presupuestario”.

 

Redacción

Digital de Información y Opinión de derecha

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