¡Es la economía! Objetivos a alcanzar y programa de reformas

Suele ser opinión extendida que quienes tenemos una forma de pensar “tradicional” no somos utópicos. El realismo, la sensatez, los principios, la racionalidad, el gradualismo parecen ser enemigos de las visiones que pretenden cambiarlo todo, más aún si contemplamos las utopías de la izquierda y sus catastróficos resultados. 

Sin embargo… creemos que España, en el momento actual, a las puertas de una crisis que nos puede destruir, si quiere resolver sus males de forma estable y duradera, tiene que cambiar radicalmente su marco económico y los objetivos a plantear, tanto a largo como en el corto plazo. Y todo ello sin perjuicio de adoptar otras muy diversas medidas, que ya expusimos en su momento (https://www.infohispania.es/un-proyecto-para-la-espana-del-siglo-xxi-pilares-doctrinales/).

Por ello, entendemos que es mejor plantearse objetivos ambiciosos, aunque parezcan utópicos, que no continuar con políticas de bajos vuelos, cortoplacistas, que sólo proponen quienes quieren perpetuarse en el poder a toda costa: los miembros de la oligarquía partidista realmente existente.

Enumeraremos algunos puntos del verdadero Programa de Reformas que requiere la Economía Española; una serie de objetivos irrenunciables con los que cualquier español se sentiría identificado, así como un catálogo no exhaustivo y siempre abierto de medidas concretas. Recogemos una síntesis de ideas, así como las aportaciones más relevantes que hemos encontrado, especialmente en las propuestas de VOX. Pudiendo defender lo mejor para nuestra Patria, ¿por qué conformarnos con menos?

 

CERO GASTO POR INTERESES DE LA DEUDA

El Art. 135.1 de la Constitución dice: “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”; y el 135. 2: “…Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.”

El no haber tenido en cuenta este mandato constitucional durante tantos años tiene un coste enorme para los españoles. Décadas de déficit crónico de las cuentas públicas (muy anteriores al COVID y a la guerra), por la irresponsabilidad de los gobiernos PP-PSOE y nacionalistas, hacen que el gasto actual por intereses de la deuda sea enorme: 31.675 Millones de €, lo que supone un 6,95% del gasto total del Presupuesto de 2021, con un endeudamiento por habitante de 30.157 €; y con la actual subida de los tipos de interés, en los próximos años se puede incrementar hasta al menos 40.000 Millones cada año. Hay que prever:

  • Programa anual de amortización de Deuda Pública que vaya reduciendo paulatinamente el importe dedicado al pago de intereses en los Presupuestos, hasta llegar a cero, en menos de tres legislaturas.

 

  • Obligación legal de superávit primario en las cuentas públicas, que supere holgadamente el coste anual de la deuda.

 

DESTERRAR LA CORRUPCIÓN

El coste de la corrupción en España no es fácil de calcular. Hay quienes lo cifran en unos 60.000 millones de euros anuales. Acabamos de ver la condena por el caso EREs de Andalucía, en la que durante años se ha tratado de camuflar, distraer y blanquear a los corruptos. Y se han concedido cientos de indultos por los gobiernos PPPSOE a políticos condenados por corrupción. Hay que terminar con esta vergüenza de la oligarquía partidista:

  • Acabar de verdad con la corrupción política, utilizando todos los mecanismos existentes de obtención de información, y potenciando los canales de denuncias que respeten el anonimato y generen una investigación independiente, con el compromiso de notificación al Ministerio Fiscal si hubiese indicios de delito.
  • Control de los cargos públicos antes, durante y después de su mandato. Reforzar la normativa de incompatibilidades de los políticos tras el abandono de los cargos públicos y la exigencia de devolución de los caudales públicos defraudados.
  • Implementar buzones éticos en las instituciones y organismos públicos que permitan tanto a los ciudadanos como a los propios funcionarios denunciar prácticas o comportamientos ilícitos o irregulares.
  • Promover la reforma de la Ley de Indultos con el fin de excluir esta medida de gracia para aquellos que cometan delitos relacionados con la corrupción política, e incrementar las penas por corrupción de los cargos públicos.
  • Reforzar los mecanismos de transparencia, denuncia y rendición de cuentas para prevenir la corrupción en la Administración Pública y el mal uso que se da al dinero de los españoles.

 

ELIMINAR EL DESPILFARRO POLÍTICO

Hay que eliminar todo tipo de gasto público superfluo, esto es, el que no satisface ninguna necesidad social porque sólo sirve para satisfacer intereses clientelares o delirios ideológicos de los partidos.

No hay ningún artículo constitucional que propugne o defienda la llamada ”discriminación positiva”; por el contrario, la Constitución establece nítidamente un mandato de búsqueda de la igualdad, sin privilegiar económicamente a grupos ideológicos de ningún tipo. Por ello, no hay nada anticonstitucional en reducir al máximo o suprimir las subvenciones que tienen un carácter político partidista. Tampoco existe ninguna obligación constitucional de dar subvenciones o ayudas a los no españoles. Como mínimo:

    • Eliminar las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, asociaciones de vecinos, de consumidores, ecologistas, ONGs ideológicas, falsamente culturales, de ayudas a inmigrantes ilegales, asociaciones de género, guerracivilistas, prensa privada, etc.
    • Reducción drástica del aparato político incrustado en la Administración: Asesores digitales, empresas públicas, TV públicas, medios de titularidad pública, chiringuitos diversos.
  • Supresión de Ministerios y departamentos asociados; fijar un máximo legal al número de los ministerios del Gobierno, consejerías autonómicas, áreas y concejalías en Diputaciones y Ayuntamientos. Disminución del número de parlamentarios autonómicos, de los que hay ahora un total de 1.258 en toda España.
  • Ejemplarizar la función política con una drástica reducción salarial de los cargos electos o nombrados políticamente (diputados estatales, autonómicos y senadores, alcaldes, ministros, consejeros autonómicos, directivos de entes públicos de todo tipo, etc.). Topes al salario máximo de cualquier cargo, político o funcionarial, eliminando todo tipo de pluses o salario en especie. 
  • Reducir al mínimo el número de asesores contratados por las diferentes administraciones públicas potenciando de esta manera la carrera profesional de los empleados públicos.
  • Renegociación a la baja de la cuota española de contribución a los gastos de la Unión Europea (ahora de unos 12.000 M € anuales).
  • Eliminar todas las prebendas basadas en las “puertas giratorias”, especialmente en las empresas públicas o que trabajan para el Estado. Régimen estricto de incompatibilidades con el sector público, especialmente de quienes han tenido cargos políticos. 
  • Eliminar la consolidación al alza de los niveles retributivos que tienen los funcionarios después de haber tenido cargos políticos.

 

Vemos cada día cómo los gobiernos del consenso progre se gastan millones en nuevas partidas, o nuevos gastos, después de que se hayan aprobado los Presupuestos de cualquier organismo o Administración. 

  • Debe modificarse el marco legal para que los Presupuestos tengan una transparencia absoluta, y para que sea imposible el camuflaje o el incremento no presupuestado de gastos “en varios” no previstos o nuevos, una vez que se han aprobado los Presupuestos. Con los avances en las Tecnologías de la Información y los Big Data, cada vez es más fácil conocer y controlar los gastos, con el grado de detalle que se considere necesario, para evitar la permanente aparición de nuevos gastos no incluidos en los Presupuestos.

 

FISCALIDAD, LA JUSTA

  • El Art.31 de la Constitución dice: ”…en ningún caso los impuestos tendrán alcance confiscatorio”. En Alemania y Francia sus organismos Constitucionales han definido como confiscatorio un impuesto (la suma de varios) superior al 50 % de la base a tributar. Hay que establecer legalmente como confiscatorio un saldo impositivo superior al 50% del total de impuestos a pagar por contribuyente. Hablamos del conjunto total de impuestos que paga cada español (la suma de IRPF, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones, IVA, IBI, y todo el conjunto de impuestos estatales, autonómicos y locales, en servicios o empresas públicos, o en la factura de la energía). Y en las rentas medias y bajas ese porcentaje máximo debe ser aún menor. El promedio actual de pago de impuestos está en el 52,9 % de la base para el contribuyente medio, que no “rico” ( https://civismo.org/es/dia-de-la-liberacion-fiscal-4/ ).
    • Promover la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU o Plusvalía) para todos los españoles; impulsar una reducción significativa del tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Promover una rebaja del Impuesto sobre Sociedades (IS).
    • Facilitar el aumento de la renta disponible de los trabajadores sin incremento simultáneo de los costes laborales, mediante la reducción de cotizaciones sociales para la empresa y para el trabajador, o reducción de la “cuña fiscal”, que ahora es superior al 39 %                  (https://civismo.org/es/dia-de-la-liberacion-fiscal-4/), así como deflactar de forma automática cada ejercicio los del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para contrarrestar el incremento nominal de su salario debido a la inflación.
    • Establecimiento de reglas claras para la tributación de los rendimientos obtenidos en España. Las grandes empresas tecnológicas y las multinacionales deben tributar allí donde obtienen sus beneficios reales.
    • Optimización del sistema fiscal para reducir los costes de recaudación (costes de eficiencia, costes de cumplimiento y costes de administración)
  • Actualización y pago de todas las deudas pendientes de las Administraciones con las empresas.
    • Vigilar estrecha y eficazmente a los paraísos fiscales próximos (Gibraltar, otros de Europa) para perseguir los fraudes fiscales cometidos en España.
  • Estudiar los diferentes Conciertos y Convenios Económicos con el fin de armonizar la contribución fiscal de los denominados Territorios Históricos con la del resto de los españoles.

 

EFICIENCIA MÁXIMA DE LO PÚBLICO

Como medidas más necesarias:

    • Establecer un sistema de auditoría permanente, tanto en el aspecto económico (cualquier presupuesto de cualquier ente público), como funcional: analizar con rigor el conjunto de organismos públicos y departamentos, estudiando críticamente su necesidad real y eliminando los innecesarios.
  • Plan de Auditorías del Sector Público, incluyendo todos los organismos o entes en los que el sector público tenga participación, con cualquier porcentaje. Plan de reducción de edificios o instalaciones de titularidad pública.
  • Eliminar todas las duplicidades administrativas, para evitar que haya cinco (o más) niveles de Administraciones (europea, Estatal, Autonómica, Provincial, Municipal), reduciendo al máximo los costes administrativos y políticos. Elaborar un estudio integral para optimizar (reduciendo) el tamaño de la Administración. 
  • Privatizar total o parcialmente las empresas públicas estatales, autonómicas o locales. Posibilitar la privatización de canales públicos de radio y TV estatales, municipales o autonómicos, o cierre en su caso. 
  • Fusión administrativa integral de Ayuntamientos, reduciendo cargos políticos y funcionarios, de forma que sólo sea posible la existencia de Ayuntamientos en función de un número de habitantes mínimo a determinar. Reducción de los entes locales a uno sólo de: Ayuntamientos, Mancomunidades, Consorcios, Comarcas, Áreas Metropolitanas. Administración local única.
  • Eliminar de la Seguridad Social el tratamiento sanitario a extranjeros, salvo que exista acuerdo, o pago de la prestación, y las intervenciones que no mejoren la salud (abortos, eutanasia, estéticas, de género, etc.).
  • Persecución de las actividades ilegales (narcotráfico, tratas, inmigración ilegal, etc.) facilitando al máximo todo tipo de canales de denuncia. Aplicar la ley a estas actividades, tanto la criminal como la fiscal y la de extranjería.

 

CUANTO MAS LIBRES MEJOR, TAMBIÉN EN LA ECONOMÍA

La economía clásica establece -entre otras- varias condiciones para que un mercado sea eficiente y competitivo, lo que redunda siempre en beneficio de los consumidores:

  • Información perfecta para productores y consumidores
  • Inexistencia de barreras de entrada en la industria o en los negocios.
  • Multitud de compradores y vendedores, sin que puedan alterar individualmente la dinámica del mercado ni sus precios.
  • Respeto a los derechos de propiedad y Justicia independiente.
  • Imparcialidad de las Administraciones públicas con relación al mercado

La realidad económica española actual no cumple ninguno de los requisitos exigidos. No se respetan adecuadamente los derechos de propiedad, el Estado toma partido en las condiciones de mercado, y existen numerosos oligopolios que deben su creación y mantenimiento a la acción estatal. Un capitalismo globalista de amiguetes, que impide competir a muchas empresas que no están “conectadas” con el poder. Lo vemos cada día.

Empresas de Comunicación, Media, Audiovisuales, Prensa, Energía, Transportes, Suministros básicos, Servicios y otras, forman parte directamente del Sector Público, en su totalidad o parcialmente, están intervenidas por el mismo, tienen como cliente principal a la Administración Pública mediante concesiones a dedo, o bien actúan como aliadas en todas las políticas de los ocupantes del poder, y se benefician de ello, recibiendo ayudas para actividades ruinosas o privilegios legales. Es de sobra conocido el sometimiento de todo ese conglomerado económico a los objetivos del globalismo, Agenda 2030 incluida. 

Hay que hacer competitivos todos los mercados actualmente cautivos por las redes clientelares del Estado, e implementar una verdadera libertad de mercado que favorezca la libre competencia sin intromisiones de los poderes públicos. 

    • Facilitar la competencia a todas las empresas, con independencia de su relación con el poder o su tamaño, eliminar las barreras de entrada y trabas regulatorias camufladas creadas en connivencia con el Estado.
    • Favorecer en muchos sectores (Enseñanza, Sanidad, Pensiones, Servicios) la coexistencia y complementariedad de los sectores público y privado con verdadera libertad de elección por parte de los usuarios.
    • Eliminación de normativas y armonización territorial. Actividad en toda España, permiso único. 
  • Con muchos servicios públicos se puede establecer la forma más idónea de gestionarlos, pública, privada o mixta. Cuanta más libertad se deja a las personas para elegir (sanidad, enseñanza, pensiones, servicios, etc.), son más eficientes las prestaciones. 
    • Cheque sanitario. Libertad de elección de servicio sanitario (público o privado), como sucede ahora con los funcionarios públicos. Tarjeta sanitaria única para toda España.
  • Cheque escolar, tratando de armonizar el gasto público medio en educación –mejorando su eficiencia y eliminando gastos políticos- hasta acercarlo al de la enseñanza privada o concertada, hasta que el coste de una plaza pública sea igual o menor que el coste del concierto de la privada.
  • Jubilación: Libertad de edad de jubilación una vez alcanzada la mínima exigible. Mayores incentivos al retraso de la misma, permitiendo al trabajador continuar trabajando si lo desea. Mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con actividades profesionales, empresariales o artísticas, o con actividades laborales.

 

POR UN ESTADO SOCIAL

Son varios los sectores de la sociedad española sobre los que hay que tener una atención preferente: las familias, los autónomos y PYMES, los profesionales y cuadros intermedios, los trabajadores, los jubilados, la economía social, entre otros.

Perspectiva de familia.

  • Diseñar un nuevo sistema de beneficios fiscales para la familia, con incentivos a la maternidad, a la paternidad y a la conciliación, con reducciones adicionales de impuestos que les afectan y ayudas directas para mejorar su prosperidad en función del número de hijos, con especial foco en aquellas personas que se dediquen al cuidado de los hijos o de personas dependientes.
  • Introducir una bonificación del 100 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social durante dos años para las empresas que contraten a personas que han dejado la vida laboral un tiempo para el cuidado de los hijos, así como elaborar un convenio voluntario al objeto de establecer pensiones contributivas de jubilación para quienes trabajan exclusivamente en el propio hogar.

Los autónomos, las PYMEs, los pequeños negocios, las cooperativas deben ser cuidados por el Estado mediante una política clara de exenciones fiscales.

Hay que destacar a un numeroso grupo social actualmente sometido a la voracidad de nuestros políticos: Los profesionales que desarrollan su trabajo, bien en modalidad libre, en empresas o en la Administración; y muchos mandos o cuadros intermedios que forman parte de nuestro aparato productivo.

  • Es imprescindible potenciar y distinguir a estos sectores. Una actitud adecuada de apoyo, de reconocimiento de su importancia y de su papel social, de promoción de la excelencia y de exenciones fiscales favorecerán que los auténticos motores silenciosos de la economía tiren con fuerza.
  • Hay que facilitar la transparencia informativa fiscal en las nóminas: las cotizaciones sociales -un impuesto oculto que pagan los trabajadores a través de la empresa- deben integrarse en la nómina del trabajador como mayor salario bruto o, en su defecto, debe informarse en cada nómina del coste fiscal real del trabajador.

 

Promover la Economía Social, el cooperativismo, implica apostar por un sector importante para mejorar nuestra soberanía económica y extender la paz social.

  • Facilitar al máximo la creación de cooperativas. Posibilitar que los parados y los autónomos puedan pertenecer simultáneamente a cooperativas laborales o empresariales, sin incremento impositivo. 

La Constitución establece el derecho a una jubilación suficiente para vivir con dignidad (Art 50).

  • Además de reducir o eliminar los gastos superfluos anteriores mediante las políticas adecuadas y de muchas otras medidas, cabe pensar en la desaparición del gasto autonómico; en políticas defensoras de la natalidad; en eliminar el IRPF de las pensiones; en plantear sistemas privados o públicos de pensiones; recordemos que la libertad de elección es siempre el sistema más eficiente.

 

RECUPERAR LA(S) SOBERANÍA(S)

El actual sistema de comercio internacional no tiene en cuenta la diferencia que hay en la internalización de los costes de empresa de los diferentes países. Por ello, permite sin trabas el “dumping” ambiental, laboral o democrático. Hay países sin libertades, sin normativas laborales o medioambientales, que emplean a trabajadores esclavos, y cuyo coste de sus productos compite con los países como el nuestro en los que sí se tienen en cuenta todos estos derechos. Es hora ya de entender que sólo puede existir libre competencia si se armonizan las exigencias ambientales, laborales y democráticas de todos los países competidores. Los países comunistas, como China y otros, o islámicos, compiten deslealmente al estar subvencionados ocultamente por sus Estados y ahorrarse todos esos costes. 

Lo mismo sucede con países –incluso europeos, o colonias como Gibraltar- que trabajan de hecho como paraísos fiscales, al permitir bajo cuerda tributaciones bajísimas. 

También hay que cuestionar críticamente todos los aspectos de programas que, como la Agenda 2030, han sido aprobados por organismos como la ONU, constituida en su inmensa mayoría por países no democráticos o competidores comerciales directos de España. Además:

  • Diseñar un Plan Nacional de Soberanía Energética, exento de toda imposición climática por parte de organismos supranacionales. 
  • Terminar con la competencia desleal de terceros países a través de mecanismos de control de las importaciones extracomunitarias con la restauración de los certificados de importación, cupos, control de tasas arancelarias, aranceles compensatorios que igualen los costes de producción y revisión de los precios mínimos de entrada de producto extracomunitario, afirmando de esta manera la preferencia comunitaria y la soberanía alimentaria.

 

INVERSIONES PARA EL CRECIMIENTO

Es importante priorizar las ayudas o inversiones sólo a los sectores realmente productivos, con las máximas tasas de retorno, de utilidad social o económica indiscutible o para sectores críticos o estratégicos de nuestra economía, tales como infraestructuras, energía, equipamientos sociales, o actividades de alta productividad

Sin ánimo de ser exhaustivos, y como preludio de planes más detallados, destacamos algunos sectores de la Economía española que requieren atención prioritaria:

  • Inversiones en Infraestructuras:  De todo tipo (transportes, energía, sanitarias, hidráulicas, educativas, equipamientos, etc.), es un sector con una elevada tasa de retorno de la inversión pública, y creador neto de empleo. Y es fundamental para mantener la calidad de vida de los españoles, en especial de quienes viven en zonas deprimidas o de la “España vaciada”. 
  • Energía: Nuestro mix energético debe ser modificado sustancialmente. El carbón, y sobre todo la energía nuclear deben ser promovidos, así como las energías alternativas. Implementar un Plan Nacional de Soberanía Energética.
  • Turismo:  Un sector fundamental en nuestra economía, creador neto de empleo y que requiere siempre de muchas inversiones que también crean puestos de trabajo. 
  • Relacionado con el Turismo, está el ámbito Cultural, en el más amplio sentido, que además puede ser útil para promocionar el valor España en todos los órdenes. Es imprescindible el apoyo público a las actividades culturales que promocionen (directa o indirectamente) una visión positiva de España. Planes de protección del Patrimonio Histórico-Artístico y del Patrimonio Arqueológico. Ley de Mecenazgo.

El Art. 130 de la Constitución promueve” la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía”. 

  • Sector primario: Básico para subsistir en tiempos convulsos, en los que se pueden producir crisis de abastecimiento por los más diversos motivos. La soberanía alimentaria, la capacidad de autoabastecimiento, son valores irrenunciables.

El Art. 47 de la Constitución defiende el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y adecuada. Para ello:

  • Agilizar las normativas para modificar los usos del suelo, de forma que sea rápido y sencillo conseguir el estatus de urbanizable. Armonización de las cesiones de suelo a los Ayuntamientos, disminuyendo su cuantía.
  • Plan integral de construcción de viviendas sociales públicas en régimen de propiedad o arrendamiento, con costes actualizados de construcción y coste cero de suelo.

 

PLENO EMPLEO

La Constitución establece el derecho de todos los españoles a un trabajo digno (Art. 35) y al pleno empleo (Art. 40). Por ello, la aspiración a que todos los españoles puedan ejercer con dignidad su derecho a un trabajo debe figurar como uno de los pilares fundamentales del Estado, por encima de cualquier otra consideración. 

El gasto del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) fue de 31.000 M de euros en el año 2021.

Conseguir el pleno empleo es una tarea compleja, que requiere que los apartados descritos con anterioridad pueden llevarse a cabo de manera efectiva. Un Estado sin gastos por intereses de la Deuda, sin corrupción, sin despilfarros, optimizado en su funcionamiento, con una carga impositiva justa, con las inversiones adecuadas, con auténtica soberanía, tiene capacidad para resolver este acuciante problema. Además:

  • En la legislación laboral y empresarial, facilitar la movilidad geográfica, funcional o de sector.
  • Aplicación efectiva de la Ley de Extranjería. Devolución a sus países de origen de los inmigrantes ilegales y/o aquellos que no tengan permiso de trabajo o de residencia. 

 

CONCLUSIONES. NUESTROS SUEÑOS.

Debemos tener la imaginación suficiente para vislumbrar un futuro distinto para nuestra Patria, y el coraje necesario para defender nuestro Proyecto frente a viento y marea.

Sabemos de la enorme dificultad del empeño, y que va a costar mucho llevar a cabo este programa en el corto plazo. Serán necesarias varias legislaturas. Y que aparecerán dificultades en el camino: países competidores que nos harán la guerra (con la ayuda de españoles traidores o comprados), socios medrosos, fallos humanos, mil circunstancias adversas… 

Pero, parafraseando a un genial y excéntrico artista español del siglo XX, va a ser necesario que un ángel guíe los pasos de los valientes que se atrevan en el empeño. 

Nunca debemos rendirnos ni renunciar a ver hechos realidad nuestros sueños. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de escribir las mejores páginas de la Historia de España.

Julio García de Durango

Estudioso desde siempre de temas ambientales, políticos y económicos; dedicado a renovar nuestro ideario, con la intención de crear un proyecto sugestivo para la España del siglo XXI. Ingeniero Civil. Experto en Planificación y Cost Control. La batalla cultural y de las ideas es permanente, y en ella debemos concentrarnos.

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