Era de esperar

La división de poderes en España es papel mojado. La intromisión del poder ejecutivo en el quehacer del poder judicial es permanente. La politización de la Justicia es un asunto claro y evidente. Es lamentable, pero la independencia del poder judicial queda en entredicho a consecuencia de las beligerantes actuaciones de abuso de poder por parte del Gobierno del Reino de España. Un déficit impropio de un Estado social y democrático de Derecho, así proclamado en el artículo1 del Título Preliminar de nuestra Constitución.

El nombramiento de Dolores Delgado García como Fiscal General del Estado dio mucho que hablar y levantó no pocas críticas. El 16  de enero de 2020, el Consejo General del Poder Judicial votó en relación a su propuesta como candidata por parte de Pedro Sánchez. El resultado de la votación fue de 12 votos a favor, y 7 en contra. Las objeciones eran sencillas: “No había solución de continuidad entre su puesto como miembro del gobierno, y su nombramiento como Fiscal General del Estado”. Es decir, no parecía adecuado que alguien que había ejercido un cargo político asumiera, con independencia, responsabilidad  tan relevante. Ni éticamente, ni estéticamente, la exministra debería haber aceptado su designación como candidata. Pero según parece, sus deberes estaban señalados desde su cese como ministra de Justicia, anunciándose su futuro el mismo día.

El 20 de febrero, compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, al objeto, como es lo lógico y legítimo en nuestro ordenamiento político, para que la cámara valorase su idoneidad.  La oposición criticó muy duramente su designación, tachándola de impropia, inadecuada, parcial y otros tantos epítetos más. No faltaban a la verdad. Ella, tan resuelta y decidida como siempre, tan imperativa y orgullosa, con un tono de soberbia y prepotencia, sabedora de la seguridad de los apoyos necesarios para su proclamación, declaró: “Mi paso por el gobierno ha sido enormemente enriquecedor”. Amén.

El 26 de febrero, en  presencia de Su Majestad,Felipe VI, prometió su cargo. No hubo reparos, menos aún, cargo de conciencia,  en quién llegaba a la Fiscalía General del Estado con tanta crítica y tantas sombras de sospecha de parcialidad partidista.  De hecho, en mayo, el Partido Popular recurrió su nombramiento por falta de objetividad y de manifiesta parcialidad.  Las sospechas de mediatización política se han convertido en tristes certezas.

Dolores Delgado García, recordémoslo, ejerció como ministra de Justicia y, ex officio, Notaria Mayor del Reino durante el primer gobierno de Pedro Sánchez, concretamente, desde junio de 2018 hasta enero de 2020. Es decir, fue nombrada una vez se produjo el triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Esto es importante, muy relevante, pues su significación política es clara y manifiesta. Se podría decir que su independencia e imparcialidad es dudosa. Sus intervenciones en sede parlamentaria, en ruedas de prensa y entrevistas durante aquel periodo, son pruebas evidentes de su compromiso ideológico con un partido, el PSOE. Sus diversas actuaciones también apostillan mi afirmación. Basta con recordar los diarios de sesiones, o revisar las hemerotecas para comprobar su sesgo político demostrado.  No lo invento están ahí y se pueden leer.

Esta semana hemos conocido el “formidable” informe de 310 folios redactado por Luis Navajas Ramos, Teniente Fiscal de la Fiscalía General del Estado, a la sazón número dos de Dolores Delgado. Este hombre que, de forma interina, en cuatro ocasiones ha sido Fiscal General, es fiscal de la Sala de lo Penal desde 2003 y, desde el 1 de noviembre de 2014, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo. Pese a lo avanzado de su edad, setenta y un años, la ex ministra confió en él desde su nombramiento. Se ha comentado mucho que siempre se ha rodeado en el ejercicio de sus funciones de gente del entorno de la Fiscal General y de miembros de la UPF (Unión Progresista de Fiscales). De hecho, el número dos del escalafón, el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, ha sido un estrecho colaborador y asistente en la elaboración del “curioso” informe. Tampoco ha sido convocada la Junta de Fiscales, algo muy a tener en cuenta para  valorar la respuesta con una mayor tranquilidad jurídica, transparencia y fiabilidad.

Resultado: se procede al archivo de TODAS las querellas interpuestas contra el gobierno de Pedro Sánchez por su gestión durante la pandemia. Voces muy autorizadas se han mostrado ingratamente sorprendidas por su contenido. Las valoraciones contenidas en el “llamativo” informe parecen estar más orientadas a defender al gobierno de España en sus actuaciones, descargando en las comunidades autónomas las responsabilidades en última instancia. En círculos fiscales se ha dicho que se ha actuado más como un abogado del gobierno, que investigando, como es su responsabilidad. Como ciudadano no me ha sorprendido lo ocurrido, pero me ha causado repugnancia el dirigismo político que se aprecia en el asunto. Sigo pensando que la politización de la vida judicial es un gravísimo peligro para la salud de un estado democrático. El sectarismo ideológico del gobierno que nos dirige es una auténtica carga de profundidad  que, de manera brutal, está generando división y enfrentamiento social. La intoxicación del poder judicial es un capítulo más, no el último, de el frentismo populista de este ejecutivo social-comunista.