Elecciones autonómicas. Algunas propuestas

La Constitución Española de 1.978 define los principios del Estado de las Autonomías en su Título Preliminar, en los artículos 2 (derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones), 3.2 (donde cita a las CCAA y a sus Estatutos de Autonomía), y 4.2 (donde dice que los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las CCAA).

El Título VIII de la Constitución desarrolla cómo pueden crearse y organizarse las CCAA y sus Estatutos de Autonomía.

Hasta hace muy poco, en el espectro político parlamentario sólo estaban representados los partidarios del Estado Autonómico, o los de su destrucción por ruptura: el PSOE (una mezcla confusa de autonomismo, y de un federalismo que ni ellos mismos han sido capaces de explicar hasta ahora); el PP, los centristas reformadores de Estatutos para incrementar las competencias de las CCAA imitando al maximalismo catalán, o los separatistas (vascos, catalanes y otros). La extrema izquierda (UP, MP) suele apoyar todo aquello que más vaya en contra de la idea de España.

A partir de la aparición de VOX, también está representada parlamentariamente la opción del Estado Unitario, sin autonomías. Hay que recordar que en unas encuestas de hace pocos años que ya no se publican – vamos entendiendo porqué- había entre un 30% y un 40% de españoles que preferían recentralizar el Estado: hacer desaparecer las Autonomías, o reducirlas sustancialmente.

Modificar la Constitución requiere procedimientos muy complejos. Para cambiar el título VIII eliminando las Autonomías haría falta una mayoría parlamentaria de 3/5 (ahora 210 diputados); y para modificar el Título Preliminar serían necesarios 2/3 de los parlamentarios del Congreso (233 diputados), y del Senado (177 senadores).

Aunque en la izquierda ha aparecido recientemente un grupo de “jacobinos” (ellos se denominan izquierda ilustrada y centralista), defensores de un Estado Centralizado, parece difícil que tengan éxito a corto plazo en su misión de convencer o sustituir a las actuales izquierdas parlamentarias para esta reforma constitucional.

A pesar de que no se vea próximo –aunque nunca se sabe- el cambio constitucional, existen amplias posibilidades de frenar la actual disgregación de España en varios ámbitos:

Ámbito presupuestario.

Con mayorías parlamentarias, se podrían eliminar muchos gastos excesivos originados por el propio sistema autonómico:

• Disminución del número de parlamentarios autonómicos. Es difícil de entender para qué hacen falta, por ejemplo 136 Parlamentarios en la Asamblea de Madrid, cuando no existen ni comarcas ni municipios a los que representan. En total, hay 262 parlamentarios autonómicos en toda España.
• Reducción de todas las empresas públicas autonómicas, hasta la eliminación, venta o desaparición en su caso. Muchas de ellas son chiringuitos inventados, con un coste total de miles de millones (900 Millones en 2017).
• Eliminación o privatización de los canales autonómicos de TV, radio, o prensa. En la época de Netflix, Movistar, Amazon, Disney y muchos otros proveedores de contenidos, tener un coste de 100 Millones de euros anuales en las televisiones autonómicas resulta excesivo.
• Eliminación de todas las subvenciones “políticas” de las CCAA: partidos, sindicatos, patronales, asociaciones de género, de vecinos, consumidores, ecologistas, guerracivilistas, ONGs, o falsamente culturales, prensa privada (campañas aparentemente institucionales, anuncios, suscripciones de cada concejalía o cargo político de cualquier ente público, etc.), ayudas a colectivos inventados, etc.
• Reducción de los cargados organigramas políticos de los gobiernos autonómicos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay 9 Consejeros, 20 Viceconsejeros, 11 Secretarios Generales, 85 Directores Generales, Gerentes o de Área, de los que dependen 234 Subdirecciones Generales, 565 Áreas, 98 Divisiones, 131 Unidades, 110 Servicios, 44 Consejos, 15 Asesores, 8 Observatorios, 10 Comités, 37 Comisiones, 3 Delegaciones, 4 Jefaturas, 8 Organismos Autónomos, 7 Centros, 3 Mesas, 7 Departamentos, 10 Oficinas, 3 Agencias, 3 Institutos, 5 Juntas, 3 Órganos, 6 Presidentes o Consejeros de Empresas Públicas, 3 Jefes de Gabinete, 44 Fundaciones, 23 Consorcios, todos ellos con sueldo de políticos, en ocasiones superiores al salario oficial del Presidente del Gobierno de la Nación (al menos los Directores Generales, Viceconsejeros, Secretarios Generales, Jefes de Gabinete y Consejeros). Y 419 vehículos, más 54 vehículos para altos cargos. Si vemos el personal “eventual” de Presidencia y las Consejerías, hay más de 260 contratados.

Además, los funcionarios o personal laboral que hayan sido designados para cargos políticos de cualquier tipo y lo hayan desempeñado durante dos años continuados, o tres con interrupción, cuando vuelven a ser funcionarios percibirán, mientras sigan en servicio activo y hasta la jubilación, un complemento de destino igual al asignado a los Directores Generales en las correspondientes Leyes de Presupuestos, y que es superior al percibido anteriormente como funcionario, con independencia del puesto o nivel que hubiesen tenido anteriormente.

Cualquier autonomía que tenga varias provincias multiplica este organigrama y gastos con el desarrollo de cargos provinciales.

Ámbito competencial.

En el momento actual, hay muchos temas de las Administraciones Públicas (Turismo, Economía, Hacienda, Empleo, Comercio, Industria, Medio Ambiente, Infraestructuras, Sanidad, Educación, Justicia, Vivienda, Cultura, Deporte, etc) para los que habitualmente existen hasta cinco Administraciones implicadas en el asunto correspondiente en cada punto del territorio español: europea, estatal, autonómica, provincial y municipal. A veces, como pasa en el Ayuntamiento de Madrid y en otros, también hay un escalón administrativo más, el de las Juntas Municipales de Distrito, así como Mancomunidades, Comarcas, Áreas Metropolitanas, etc.

Hemos elegido como ejemplo la competencia de “Medio Ambiente” y el ámbito de “Guadalajara”. Veamos qué Administraciones tienen competencias sobre el medio ambiente de Guadalajara: – Unión Europea: varios organismos (Dirección Gral. de Medio Ambiente, Agencia Europea de Medio Ambiente, y otros) – Estado Español: Secretaría de Estado de Medio Ambiente; Secretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (con varias Direcciones Generales) – Junta de Castilla-La Mancha: Consejería de Desarrollo Sostenible, con varias Direcciones Generales y Delegaciones, y con Delegación Provincial en Guadalajara. – Diputación Provincial de Guadalajara: Desarrollo Rural, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. – Ayuntamiento de Guadalajara: Servicio de Medio Ambiente. Todos socialistas.

¿Alguien es capaz de averiguar el coste de todas estas Administraciones? ¿Y la eficacia? ¿Y los resultados para, en este caso, una de las zonas de la “España rural”, pero llena de burocracias costosísimas?

Sólo con eliminar racionalmente las competencias y las burocracias dupli, tripli, cuadrupli o quintuplicadas se despejaría la espesa capa de organismos oficiales que asfixia a los españoles. Hemos visto solo un ejemplo, pero animamos a los lectores a que hagan lo mismo con otras competencias o lugares. Se podría hacer hasta un concurso: “a ver quién descubre el metro cuadrado de España con más burocracia redundante”. O un trabajo de investigación: “Coste global de las ineficiencias administrativas actuales en España por sobrecarga de burocracia y confusión competencial”. Los resultados nos dejarían atónitos, no nos cabe duda. Para evaluar el coste real, hay que pensar también que muchos de estos organismos tienen delegaciones en CCAA y provincias; y sumar el gasto asociado de oficinas, secretariados, colaboradores, vehículos, “carguitos” suscripciones a prensa, etc. Nos consta también que muchos organismos autonómicos hacen “reuniones de coordinación” periódicas con sus homólogos de otras autonomías (gastos de viajes, dietas, comidas, hoteles, locales…).

Ante semejantes despilfarros, hay que hacer una auditoría funcional seria y muy a fondo de las Administraciones, hasta dejarlas reducidas a su tamaño justo mediante las técnicas adecuadas -que existen-, eliminando todos los “inventos” y multiplicidades que han creado durante décadas los políticos del PSOE y del PP (y también PNV y CAT) para colocar a sus amigos.

Ámbito de libertades.

Teniendo en cuenta las competencias actuales de las CCAA, hay que ganar para la libertad aquellos aspectos en los que las políticas socialistas han destruido la sociedad española durante décadas de ingeniería social:

• Acabamos de ver en Castilla y León que es posible hacer políticas provida con leyes desfavorables y en un entorno hostil. Hay un campo muy amplio de posibles actuaciones.
• Sanidad y Enseñanza: Practicar libertad frente al estatismo que trata de ocuparlo todo. Con los servicios públicos se puede establecer la forma más idónea de gestionarlos, pública, privada o mixta, con muchas experiencias válidas ya conocidas. Cuanta más libertad se deja a las personas para elegir (sanidad, enseñanza, servicios, etc.), son más eficientes las prestaciones.
• Legislación sectaria: Hay que eliminar toda la legislación autonómica que está elaborada contra la libertad, es divisiva, y está llena de prejuicios: Leyes de Memoria, de género, etc.
• Economía: Reducción de impuestos autonómicos, trabajar por la unidad de mercado interna, eliminación de trabas, controles y barreras regulatorias a los emprendedores, y simplificación de trámites administrativos. Protección de lo español.
• Laboral: Introducir como interlocutores válidos a las pequeñas empresas, los autónomos, profesionales, cuadros y al sector primario, de forma independiente a los sindicatos “de clase” y a las patronales globalistas.
• Política urbanística: Agilizar las normativas para modificar los usos del suelo, de forma que sea rápido y sencillo conseguir el estatus de urbanizable, para hacer más asequible la vivienda a amplios sectores de población.
• Estatismo: Incrementar en todos los ámbitos los espacios de libertad de la sociedad civil y de las personas, para fortalecerlos. Las Administraciones públicas están, como su nombre indica, para administrar el Bien Común, no para dirigir nuestra vida. Hemos visto en el tema COVID hasta dónde son capaces de llegar. No permitamos que ninguna Administración (en este caso autonómica), llena de políticos burócratas, maneje nuestras vidas.

Ámbito cultural.

Aquí vemos otro de los principales problemas. Buena parte de las burocracias autonómicas o locales anteriormente citadas dedican todo su afán (especialmente en los aspectos educativo y cultural) a un proceso de ingeniería social que unas veces es directamente antiespañola, y otras “sólo” es localista o autonomista, pero que nunca defiende la visión de “la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de los españoles y fundamento de la Constitución” (extraído del artículo 2 de la Constitución Española, Título Preliminar).

Sólo con desactivar la presión institucional localista-autonomista o antiespañola de las burocracias autonómicas, y revertir el proceso hacia la defensa de la Nación Española, sería posible ganar una de las batallas más importantes de la guerra cultural de nuestro tiempo.

Como vemos, aun sin modificar la Constitución, y sin contemplar muchas otras posibles acciones, hay un largo trecho para avanzar hacia un sistema político que defienda realmente a España y a los españoles, y que frene el gasto descomunal que supone la pesadilla autonómica, así como la deriva disgregadora. Un trabajo institucional titánico. Hay una Patria, España, por conquistar.