El coronel Díaz Casal denuncia la prohibición de actos religiosos en la vía pública

Denuncia de la ilegal conducta arzobispal y convocatoria de la población católica contra la misma.

A ustedes, cardenales y arzobispos dirigentes de las archidiócesis españolas, obligado por su ejecutoria descrita seguidamente, dirijo estas líneas sometiendo a su consideración las siguientes reflexiones.

La Concejala Presidenta de la Junta Municipal de nuestro Distrito de Latina de Madrid, en escrito de fecha 27/05/2016, denegó a mi Parroquia la procesión del Corpus Christi del domingo 29 de mayo de 2016, en una decisión claramente discriminatoria respecto a otros organizadores de actos en la vía pública que los «comunican» a la correspondiente Delegación o Subdelegación del Gobierno, en cumplimiento de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.

Desde la citada fecha, con el propósito de defender la fe, la Iglesia y el ordenamiento jurídico de nuestro Estado de derecho, comencé una labor que, hasta ahora, se traduce en los escritos de fechas 13/07/2017 y 02/11/2017, del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y el Subdelegado del Gobierno en Madrid proclamando que las reuniones con finalidad religiosa en lugares de tránsito público deben comunicarse con antelación a la correspondiente Delegación o Subdelegación del Gobierno o, en las comunidades autónomas vasca, navarra y catalana en las que se comunicarán al organismo autónomo análogo, excluyendo por tanto a los ayuntamientos como destinatarios de dicha comunicación y, en todo caso, de conceder autorización alguna al respecto.

A fin de evitar nuevos vetos municipales y cumplir la ley he facilitado la correspondiente información documental a la práctica totalidad de la prelatura española, solicitando reiteradamente que las respectivas diócesis celebrasen sus actos religiosos en la vía pública según lo dispuesto por la mencionada Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.

Haciendo caso omiso a mis reiteradas solicitudes de acatamiento de la ley, desde el 27/05/2016, todas las diócesis han venido celebrando sus actos religiosos en la vía pública «solicitando autorización» a los respectivos ayuntamientos, en palmario quebrantamiento de la Ley Orgánica 9/183 y corriendo el riesgo de denegación de los mismos, despreciando y anulando mi labor en defensa de la fe, la Iglesia, el ordenamiento jurídico de nuestro Estado de derecho, y los derechos civiles de los cristianos.

Los católicos españoles les exhortamos a ustedes a que cambien radicalmente su ejecutoria para evitarnos la vergüenza de su inclusión en cuanto el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define como «delito» el quebrantamiento de la ley, su comisión como «delinquir» y delincuente al que delinque.

Con mi labor de estos 4 últimos años no pretendo alcanzar indulgencia alguna, pero tampoco creo merecer el maleducado trato, impropio de la condición eclesiástica que Vds me han venido dispensando durante los 4 últimos mediante su displicente silencio a mis misivas junto al cúmulo de evasivas, falacias, desatinos o estériles circunloquios tan ajenos a mis planteamientos como huérfanos de solución o conclusión alguna ni síntomas de alcanzarla.

Los hechos descritos, que ahorran enemigos a la Iglesia, suponen un incivil proceder diametralmente opuesto a sus prédicas exhortando a la paz y al amor al prójimo y, por tanto, un factor de desestabilización de nuestra convivencia subordinando la ley a su voluntad y revelando que ustedes constituyen un virus letal que requiere la proclamación de la «Iglesia de alarma».

Este rosario de disparates para cuya comisión carecen ustedes de bula alguna, provoca la rebelión de la inteligencia, principios éticos y valores morales de la población católica para exigir, de una parte, que los actos religiosos de la Iglesia Española en la vía pública se tramiten en lo sucesivo de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica 9/1983 y, de otra, para impedir firmemente su vulneración mediante las acciones legales procedentes.

Por lo expuesto, a fin de evitar que perezca el sistema del que nos hemos dotado para organizar nuestra convivencia, ruego a los discrepantes del párrafo anterior que pudieran encontrarse entre los destinatarios eclesiásticos de este mensaje que, antes del próximo 19 de septiembre, nos lo comuniquen al resto por esta misma vía, incluidos los medios de comunicación social receptores del mismo, con cuantas razones crean que les asisten.