El «Coletas» a la cárcel

El 19 de marzo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, delegó en Pablo Iglesias la coordinación de los Servicios Sociales,  donde se incluyen las residencias de mayores.

Aunque no hay datos oficiales debido a que no todas las regiones los facilitan, más de 18.000 personas ingresadas en estos centros han muerto por coronavirus. (En una residencia se encontraron 17 cadáveres sobre las camas).

Muchas de estas muertes se han producido por dos razones: por una mala gestión política del Poder Ejecutivo (Sánchez) y por la repugnante omisión de socorro a los ancianos (Iglesias).

La diputada de Vox, María Ruiz, ha denunciado en el parlamento, y de ese modo nos hemos enterado los españoles, que Pablo Iglesias no está haciendo lo posible por salvar las vidas de los ancianos de las residencias, sino que está dejando que mueran lo más cómodamente posible y para ello les ha enviado a los centros geriátricos morfina y sedantes.

Podía, Iglesias, haber enviado medicamentos para prolongar la vida o intentar salvar a los ancianos y ancianas, desvalidos y desvalidas  e indefensos o indefensas, pero no; ha preferido aplicar su propia ley encubiertamente aprovechando esta tragedia: la eutanasia.

El artículo 195 de nuestro Código Penal es muy claro al respecto: “El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno”.

Por su parte, si es el profesional sanitario el que se niegue a dar asistencia sanitaria, cuando ello derive en un riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas citadas anteriormente además de quedar inhabilitado de su cargo por tiempo de seis meses a tres años.

Si un médico no cura por negligencia, debe ser sancionado, si un profesor no enseña por vagancia o falta de preparación, debe ser sancionado, si un funcionario presenta bajas médicas fraudulentas, debe ser sancionado o expulsado, si un político gestiona mal, engaña, malversa, miente, tergiversa, manipula o tolera estas prácticas, debe ser juzgado, incluso con mayor dureza que a un ciudadano, puesto que se aprovecha de la confianza que la gente tiene en él.

Las democracias reales se fundamentan en tres pilares: el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Los tres poderes tienen, en un sistema democrático sano, la misma autoridad: el Legislativo (los diputados en las cortes) crea leyes, el Ejecutivo, hace que se pongan en marcha y el Judicial controla la aplicación correcta de esas leyes.

Pues, no sé qué ocurre en este país, que la gente solo ve un poder: el Ejecutivo (Sánchez), cuando, el Presidente del Poder Legislativo (casi nadie sabe cómo se llama) y el Presidente del Poder Judicial (muy conocido en su casa a la hora de comer), tienen tanto poder, y juntos más, que Sánchez.

Si solo existe un Poder, no hay democracia; hay otra cosa.

Pido a los poderes legislativo y judicial que tras esta dramática gestión del poder ejecutivo, actúen en defensa de los españoles, que pagan sus sueldos y, sobre todo, que creen que están ustedes ahí para protegerles y defenderles. No nos engañen ustedes también.

Por encima de los tres poderes está el Jefe del Estado (Felipe VI). Todos los españoles somos, directamente, sin intermediarios políticos, sus súbditos, es decir, sus protegidos.

Si la democracia española no estuviese enferma, al finalizar el actual Estado de Alarma, debería hacerse justicia a los miles de muertos que se han producido en esta pandemia por negligencia del Gobierno.

La eutanasia en este país, gracias a Dios, todavía es un delito, Sr. Iglesias. Espero que pronto alguien se lo diga desde un estrado.

José Enrique Catalá

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. Especialista en Hª Medieval. Profesor. Autor del libro: Glosario Universitario.

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