Desde el Estado Autonómico hacia el Estado Unitario. Una aproximación práctica

La Constitución Española de 1.978 define los principios del Estado de las Autonomías en su título preliminar, en los artículos 2 (derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones), 3.2 (donde cita a las CCAA y a sus Estatutos de Autonomía), y 4.2 (donde dice que los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las CCAA).

El Título VIII de la Constitución desarrolla cómo pueden crearse y organizarse las CCAA y sus Estatutos de Autonomía.

Hasta hace muy poco, en el espectro político parlamentario sólo estaban representados los partidarios del Estado Autonómico, o los de su superación por ruptura: el PSOE (un mix confuso de autonomismo, y de un federalismo que ni ellos mismos han sido capaces de explicar hasta ahora); el PP, los centristas reformadores de Estatutos para incrementar las competencias de las CCAA imitando al maximalismo catalán, o los separatistas (vascos, catalanes y otros). La extrema izquierda (UP, MP) adolece de un confusionismo territorial que disfraza haciendo mucho ruido. 

A partir de la aparición de VOX, tenemos también representada la opción del Estado Unitario, sin autonomías. Hay que recordar que en unas encuestas de hace pocos años que ya no se publican – vamos entendiendo porqué- había entre un 30% y un 40% de españoles que preferían “recentralizar” el Estado: hacer desaparecer las Autonomías, o reducirlas sustancialmente.

Modificar la Constitución requiere procedimientos muy complejos. Para darle la vuelta al título VIII eliminando las Autonomías haría falta una mayoría parlamentaria de 3/5 (ahora 210 diputados); y para modificar el Título Preliminar serían necesarios 2/3 de los parlamentarios del Congreso (233 diputados), y del Senado (177 senadores). 

Aunque en la izquierda ha aparecido recientemente un grupo de “jacobinos” (ellos se denominan izquierda ilustrada y centralista), defensores de un Estado Central, parece difícil que tengan éxito a corto plazo en su misión de convencer a las actuales izquierdas parlamentarias para esta reforma constitucional. 

A pesar de que no se vea próximo –aunque nunca se sabe- el cambio constitucional, existen amplias posibilidades de frenar la actual disgregación de España en al menos tres ámbitos:

Ámbito presupuestario. Con mayorías parlamentarias, se podrían eliminar muchos gastos excesivos originados por el propio sistema autonómico:

• Disminución del número de parlamentarios autonómicos. Es difícil de entender para qué hacen falta, por ejemplo ¡136! Parlamentarios en la Asamblea de Madrid, cuando no existen ni comarcas ni municipios a los que representan. En total, hay 1.258 parlamentarios autonómicos en toda España.
• Reducción de todas las empresas públicas autonómicas, hasta la eliminación o desaparición en su caso. Muchas de ellas son chiringuitos inventados, con un coste total de miles de millones.
• Eliminación o privatización de los canales autonómicos de TV, radio, o prensa. En la época de Netflix, Movistar, Amazon, Disney y muchos otros proveedores de contenidos, tener un coste de más de 1.000 M€ anuales en TVs autonómicas resulta excesivo. Telemadrid cuesta unos 80 M€ anuales, por ejemplo. 
• Eliminación de todas las subvenciones “políticas” de las CCAA: partidos, sindicatos, patronales, asociaciones de género, de vecinos, guerracivilistas, ONGs, o falsamente culturales. 

Ámbito competencial. En el momento actual, hay muchos temas de las Administraciones Públicas (Turismo, Economía, Comercio, Industria, Medio Ambiente, Infraestructuras, Sanidad, Educación, etc) para los que habitualmente existen hasta cinco Administraciones implicadas en el asunto correspondiente en cada punto del territorio español. 

Hemos elegido como ejemplo “Medio Ambiente” y “Zamora”. Veamos qué Administraciones tienen competencias sobre el medio ambiente de los zamoranos: – Unión Europea: varios organismos (Dirección Gral. de Medio Ambiente, Agencia Europea de Medio Ambiente, y otros) – Estado Español: Secretaría de Estado de Medio Ambiente; Secretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (con varias Direcciones Generales) – Junta de Castilla y León: Consejería de Fomento y Medio Ambiente. – Diputación Provincial de Zamora: Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. –  Ayuntamiento de Zamora: Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y otros.

¿Alguien es capaz de averiguar el coste de todas estas Administraciones? ¿Y la eficacia? ¿Y los resultados para, en este caso, una de las zonas de la famosa “España vaciada”, pero llena de burocracias costosísimas?

Sólo con eliminar racionalmente las competencias y las burocracias dupli, tripli, cuadrupli o quintuplicadas se despejaría la espesa capa de organismos oficiales que asfixia a los españoles. Hemos visto solo un ejemplo, pero animamos a los lectores a que hagan lo mismo con otras competencias o lugares. Se podría hacer hasta un concurso: “a ver quién descubre el metro cuadrado de España con más burocracia redundante”. O un trabajo de investigación: “Coste global de las ineficiencias administrativas actuales en España por sobrecarga de burocracia y confusión competencial”. Los resultados nos dejarían atónitos, no nos cabe duda. Para evaluar el coste, hay que pensar también que muchos de estos organismos tienen delegaciones en CCAA y provincias; y sumar el gasto asociado de oficinas, secretariados, colaboradores, vehículos, “carguitos”, etc. Nos consta también que muchos organismos autonómicos hacen “reuniones de coordinación” periódicas con sus homólogos de otras autonomías (gastos de viajes, comidas, hoteles, locales…). 

Y todo lo pagan los españoles con sus impuestos. TODO.

Recordamos una antigua idea, abandonada por los centristas complejines. La de tender sensatamente a la Administración Única, devolviendo competencias al Estado.

Ámbito cultural. Aquí vemos uno de los principales problemas. Buena parte de las burocracias autonómicas o locales anteriormente citadas dedican todo su afán (especialmente en los aspectos educativo y cultural) a un proceso de ingeniería social que unas veces es directamente anti-española, y otras “sólo” es localista o autonomista, pero que nunca defiende la visión de “la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de los españoles y fundamento de la Constitución” (extraído del artículo 2 de la Constitución Española, Título Preliminar).

Sólo con desactivar la presión institucional localista-autonomista o anti-española de las burocracias autonómicas, y revertir el proceso hacia la defensa de la Nación Española, podríamos considerar que una de las batallas de la guerra cultural de nuestro tiempo estaría ganada.

Como vemos, aun sin modificar la Constitución, y sin contemplar muchas otras posibles acciones, hay un largo trecho para avanzar hacia un sistema político que defienda realmente a España y a los españoles, y que frene el gasto descomunal que supone la pesadilla autonómica, así como la deriva disgregadora. Un trabajo institucional titánico. Hay una Patria, España, por conquistar.